El dictador Daniel Ortega le quitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua la autoridad sobre la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), lo que se suma a los radicales cambios y defenestraciones que han habido en ese poder del Estado desde el año pasado.
Ortega envió a la Asamblea Nacional la Ley de creación de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflicto, que integra las funciones del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) y la Dirac. La ley fue aprobada de forma unánime el pasado jueves 25 de abril.
«La Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos fue creada como un ente sin solución de continuidad del Instituto Nacional Procompetencia y de la Dirac», establece la nueva legislación.
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Esta Procuraduría Nacional tiene las funciones de «salvaguardar los derechos del pueblo nicaragüense al garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas».
También se crea como un ente de «solución de conflictos a través de un sistema que protegerá el diálogo y la comunicación, así como la puesta en práctica de los métodos alternos de solución de conflictos».
Procompetencia y Dirac
La nueva Ley establece que «la Dirección de Procompetencia es un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, autonomía administrativa y presupuestaria, bajo la rectoría de la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos; para el ejercicio de sus atribuciones y funciones se regirá conforme se determina en Ley de Promoción de la Competencia (Ley 601) y su reglamento».
Mientras que «la Dirac es una dependencia especializada, encargada de brindar el marco institucional y técnico para el funcionamiento de la mediación, conciliación, arbitraje, y otros métodos alternos de solución de conflictos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente».
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La nueva Procuraduría será dirigida por un procurador nacional, quien tendrá a su cargo la dirección de Procompetencia y de la Dirac.
Los recursos financieros, patrimoniales, bienes inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos de la Dirac, inscritos bajo la CSJ, serán transferidos a la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos se financiará con recursos del Presupuesto General de la República y los contemplados en la Ley 601.
CSJ intervenida por la Policía
Desde octubre de 2023, se conoce que la CSJ fue intervenida por la Policía, en un operativo encabezado por el comisionado en retiro, Horacio Rocha. La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, fue sacada de su oficina y apartada de su cargo, al igual que los demás magistrados judiciales, pese a que este poder del Estado ha estado sometido a la dictadura de Ortega desde su regreso al poder en 2007.
Tras la separación de Ramos de su cargo, decenas de empleados, secretarias, asistentes y técnicos han sido despedidos de diferentes dependencias judiciales del país. Más de 700 trabajadores del poder judicial fueron despedidos, según las fuentes más conservadoras.
En noviembre de 2023, Ortega mandó a reformar la Constitución Política, para quitarle al poder judicial el 4 por ciento fijo de asignación presupuestaria por ley y también le quitó el control sobre el Registro de la Propiedad, lo que confirmó que ese poder del Estado cayó en desgracia ante la dictadura Ortega Murillo.
