El capital financiero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), señalado de ser un partido marginal, zancudo y colaboracionista de la dictadura de Daniel Ortega, demuestra que sigue sacando ganancias como organización política.
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El PLC, bajo la representación legal de la diputada María Haydée Osuna Ruiz, cuenta con un capital de 15 millones 185,599.81 córdobas —unos 414,631.81 dólares al tipo de cambio oficial— al corte del 31 de diciembre de 2023, según el reporte de sus estados financieros publicados este miércoles 17 de abril en el diario oficial La Gaceta.
Según los detalles de la publicación oficial, el PLC cuenta con más de 9 millones de córdobas en caja y banco, y con 2.6 millones por cobrar, lo que equivale a un total de 11.6 millones de córdobas en activos circulantes.
Propiedades y terrenos
El partido también posee edificios, terrenos, equipos rodantes, mobiliario, equipo de oficinas, que tienen un valor de 3.5 millones de córdobas como activos fijos.
La sobrevivencia del PLC, bajo un régimen que ha eliminado a todas las organizaciones políticas opositoras, confirma que sus representantes mantienen una alianza política con la dictadura de Ortega. En Nicaragua, todos los partidos políticos y organizaciones opositoras han sido cancelados por la dictadura de Ortega, y la mayoría de sus líderes y miembros destacados han sido encarcelados, desterrados y desnacionalizados.
En cambio, el PLC, que se autollama partido opositor, además de conservar su personalidad jurídica, mantiene diez escaños en la Asamblea Nacional y la tercera vicepresidencia de la Junta Directiva del Legislativo está en manos de Haydée Osuna.
Más de medio millón de dólares tras farsa en el Caribe
El PLC no ha dejado de participar en los procesos electorales del país. El más reciente, en marzo de este 2024, fue el de las votaciones regionales en el Caribe de Nicaragua.
De acuerdo con el organismo independiente de observación electoral, Urnas Abiertas, el PLC, al obtener 8.10 por ciento de los votos recibirá 766,566.62 dólares de reembolso.
Pacto Alemán-Ortega
De hecho la historia del PLC está marcada por el pacto que hizo su antiguo líder Arnoldo Alemán cuando era presidente de Nicaragua (1997-2002) y el actual dictador Ortega cuando era opositor.
El pacto Alemán-Ortega, concretado el año 2000, implicó una reforma constitucional que redujo el porcentaje de votos para ganar la Presidencia en primera vuelta electoral, pasando de 45 a 40 por ciento y hasta el 35 por ciento, si el candidato ganador le sacaba al menos cinco puntos de ventaja al del segundo lugar, una reforma a la medida del voto duro del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega.
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En 2006, Ortega ganó las elecciones con el 38 por ciento, en un contexto político con una oposición dividida. Desde entonces el orteguismo se atornilló en el poder y ha dirigido el país de forma dictatorial.
Alemán no tiene limitaciones para viajar fuera del país
En la actualidad, Alemán, el eterno caudillo del PLC, no tiene impedimentos para viajar fuera de Nicaragua, ni se conoce que tenga limitaciones de movilización dentro del país, como ocurre con los opositores e incluso con funcionarios orteguistas.
En enero pasado se conoció que Alemán pudo salir del país sin problemas para reunirse en Panamá con su esposa, la desterrada política María Fernanda Flores, en la casa de un polémico exmandatario guatemalteco, donde aparentemente pasó las fiestas decembrinas de 2023.
Para los críticos, esta libertad de entradas y salidas de Alemán confirma que sigue vigente el pacto Alemán-Ortega.
Panamá también es clave en la historia política de Alemán. Precisamente en Panamá, Arnoldo Alemán estuvo acusado de desviar dinero de las cuentas públicas de Nicaragua a ese país. Incluso fue condenado en 2003 a veinte años de cárcel por lavado de dinero, malversación y delitos electorales, entre otros, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo exoneró en 2009 de esos delitos.
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Luego fue absuelto en Panamá en el 2013, donde la Corte argumentó que si ya había sido absuelto en Nicaragua por los mismos hechos no le harían un “doble juzgamiento”.
En 2017, el Ministerio Público de Panamá solicitó al Juzgado Tercero Penal de Nicaragua descongelar las cuentas bancarias del expresidente Alemán Lacayo, a petición del Gobierno de Nicaragua, dirigido por Ortega.
Otra prueba de la vigencia del pacto es que la hija mayor de Alemán, María Dolores, fue reelecta el año pasado como miembro del Consejo de la Contraloría, un organismo que, como todas las instituciones del Estado en Nicaragua, está bajo el control absoluto del régimen orteguista.
