El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó este jueves al “desmantelamiento” de la democracia en Nicaragua y al “aumento de la cooperación” en materia de seguridad entre el régimen de Daniel Ortega y Rusia, e impuso restricciones a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense con destino u origen en Nicaragua.
El Departamento de Estado modificó el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) para actualizar la política comercial de defensa hacia Nicaragua, de acuerdo con un comunicado de prensa publicado por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
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“Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la continua y brutal represión por parte de las autoridades Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua, incluida la reciente farsa electoral en la costa caribeña, poblada principalmente por indígenas y afrodescendientes”, afirmó.
Aumento de la cooperación con Rusia
De acuerdo con el documento de la notificación, las razones por la que el Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional determinó aplicar restricciones armamentísticas a Nicaragua son por el “continuo desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte de Nicaragua, los ataques a la sociedad civil y el aumento de la cooperación en materia de seguridad con Rusia, para incluir el apoyo a la invasión rusa a gran escala de Ucrania”.
Apuntó que la política “refleja la oposición del gobierno de Estados Unidos al comercio de armas con Nicaragua y su gobierno autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana”.
Con la decisión, Nicaragua se agregó a la lista de países a los que EE. UU. les niega licencias u otras aprobaciones para exportaciones e importaciones de servicios y artículos de defensa, excepto “una licencia u otra aprobación puede emitirse caso por caso para equipo militar no letal destinado únicamente a asistencia humanitaria, incluida la ayuda en caso de desastres naturales”.
En los últimos años, la presencia de altos funcionarios de seguridad rusos ha sido notoria en Nicaragua, así como la firma de acuerdos de cooperación en materia de seguridad. Al país han llegado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, general Nikolai Patrushev, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. También la dictadura ha enviado comitivas a Moscú.
Patrushev, considerado el “hombre duro” de Putin visitó Nicaragua el pasado 26 de febrero procedente de La Habana, Cuba. En su segundo día en Managua sostuvo un encuentro con el dictador Ortega, la cogobernante Murillo y otros funcionarios orteguistas, donde Patrushev, según reportes de medios oficialistas, prometió apoyar a los países latinoamericanos contra el “sometimiento” de Estados Unidos.
En el encuentro la dictadura firmó dos acuerdos con Rusia, el primero es un acuerdo de cooperación “en el ámbito de la capacitación y superación profesional de la actividad policial”, que es un protocolo de cooperación entre la Policía de Nicaragua y el Ministerio del Interior de Rusia para 2024-2026.
Lavrov arribó el 19 de abril de 2023 a Nicaragua con el fin de fortalecer la cooperación bilateral entre sus países. En el encuentro con autoridades nicaragüenses, Lavrov mencionó el acuerdo para el desarrollo de energía atómica con fines pacíficos que firmó el canciller orteguista Dennis Moncada a nombre de la dictadura en marzo de ese año en Moscú.
¿Qué impacto tendrá?
En los últimos años, la cooperación entre el régimen orteguista y Rusia en términos de seguridad ha ido creciendo. El Ejército de Nicaragua ha realizado varias compras de equipos armamentísticos a ese país. Por ello, la sanción de EE. UU. no necesariamente será un “castigo” para el régimen, ya que han demostrado que no necesitan armamento estadounidense para abastecerse.
Roberto Samcan, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, dijo a LA PRENSA que “el 95 por ciento del armamento de infantería, tanques, blindados, artillería terrestre, antiaérea y aviación es de fabricación rusa. Solamente la fuerza naval posee naves de fabricación occidental, que igualmente pueden ser proveídas por Rusia o China”.
Recalcó que “lo único que llega de Estados Unidos son armas y municiones para ser vendidas en tiendas de armas para uso civil, que son todas propiedad de la Policía y el Ejército”.
Una de las compras recientes más significativas fue la de los 50 tanques rusos T 72, en 2016, como parte de un “plan de modernización” y desarrollo de la institución castrense.
Asimismo, el Ejército compró dos buques para patrullaje en el Caribe a una empresa holandesa, en 2019.
¿Advertencia?
El opositor Juan Sebastián Chamorro también dijo que tanto el Ejército como la Policía tienen años de no depender de armamento estadounidense, por ello la sanción no debe verse desde el punto que ya no recibirán este tipo de equipamiento de EE. UU., sino que debe ser vista desde el negocio del mercado de armas.
“El negocio del mercado de armas es uno de los más grandes a nivel mundial y (la sanción) pone a Nicaragua en el faro de la atención de este importante mercado. De tal manera que si existen otros proveedores que envían equipamiento o pertrecho al Ejército o la Policía de Nicaragua, van a tomar nota de esta prohibición, especialmente si estos proveedores tienen negocios con Estados Unidos”, dijo Chamorro.
Nuevas sanciones para prohibir el traslado de armas de origen americano proveniente o dirigido a Nicaragua. Análisis: pic.twitter.com/JIAQYdF5D5
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) March 14, 2024
Samcan por su lado indicó que a pesar de que la medida pueda ser mínima para el Ejército “posiblemente sea un llamado de atención, una advertencia de que puedan llegar más sanciones en el futuro”.
De acuerdo con el documento, los países que tienen restricciones armamentísticas son: Afganistán, República Centroafricana, Chipre, República Democrática del Congo, Etiopía, Eritrea, Haití,
Irak, Líbano, Libia, Rusia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Zimbabue.
Consecuencias
El politólogo Félix Maradiaga, quien fue secretario general del ministerio de Defensa de 2004 a 2007, explicó que no hay que tomar estas sanciones a la ligera. “Es la suma de herramientas de presión diplomática como esta, las que podrían tener mayores implicaciones. Una forma de interpretar esta medida es que sea un preámbulo de sanciones al Ejército y una forma de preparar el terreno para acciones futuras”, manifestó.
Maradiga analiza que el impacto de la sanción no solo es un mensaje a la Policía, sino también para el Ejército de Nicaragua. “Es una medida que además trasciende en su impacto a estas dos instituciones, y coloca al Estado de Nicaragua y a la dictadura sandinista de los Ortega Murillo en una categoría de regímenes que, de cierta forma, Estados Unidos considera una amenaza. Países en esta categoría son aquellos que sostienen relaciones con entidades que son consideradas amenazas a la seguridad hemisférica, que han cometido violaciones de derechos humanos o que están involucrados en tráfico de armas u otras acciones ilícitas”, añadió.
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Estas restricciones pueden servir de ejemplo para países aliados de Estados Unidos, que puedan también emitir sanciones similares, estimó Maradiaga.
“Estados Unidos parece estar anticipándose mecanismos de presión al Ejército para mermar su capacidad futura de adentrarse en una carrera armamentista. Bloquea posibilidades futuras de que el Ejército de Nicaragua pueda adquirir nueva tecnología y tenga que seguir dependiendo de la obsoleta tecnología soviética con la que cuenta”, manifestó el analista, quien agregó que si esta acción no está acompañada de “una necesaria sanción al ejército, terminará siendo una acción diplomática sin trascendencia”.
