El Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, confirmó el acaparamiento total de los Consejos Regionales de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua de parte del partido gobernante Frente Sandinista de liberación Nacional (FSLN), tras la publicación oficial de la «Proclamación de Electos» de las cuestionadas votaciones regionales del pasado 3 de marzo.
El CSE, integrado por magistrados adeptos y fanáticos de la dictadura orteguista, publicó este miércoles 13 de marzo en el diario oficial La Gaceta la lista de los 90 miembros de los Consejo Regionales, todos del FSLN que encabeza el dictador Ortega.
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Con esta oficialización del Consejo Regional en manos del FSLN, se confirma que los partidos liberales que participaron –Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República (APRE) y Partido Liberal Independiente (PLI)–, quedaron sin asientos en los Gobiernos Regionales del Caribe Norte y Sur de Nicaragua.
La organización de observación electoral Urnas Abiertas, que le dio seguimiento a todo el proceso regional, denunció la adjudicación del FSLN de todos los cargos del gobierno regional, aunque fue un proceso sin credibilidad, ni confianza de la población local y sin participación de partidos opositores ni regionales.
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció que los comicios regionales estuvieron marcados por el abstencionismo, la coacción del voto y la violencia política. De hecho indicó que hubo solo 13.28 por ciento de participación y abstención del 86.72 por ciento.
Las elecciones regionales de este año se realizaron en medio de la persecución política y sin la participación del partido regional indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa Organización de los Hijos de la Madre Tierra) cuyos dirigentes, Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, permanecen encarcelados desde hace más de cuatro meses.
Violencia política
Urnas Abiertas denunció que a medida que avanzó la jornada se acentuó la violencia política, tanto para coaccionar el voto como para intimidar a personas percibidas como opositoras.
Los reportes ciudadanos hacen referencia al aumento de la presencia de paramilitares en Bluefields, en los barrios Punta Fría, El Canal y El Central; movilización de paraestatales de Bluefields para controlar el proceso de votación en El Tortuguero; detenciones arbitrarias, y amenazas a fiscales liberales para evitar que desempeñen sus funciones.
También patrullaje policial en Bluefields y Puerto Cabezas; prohibición de ingreso a Centros de Votación (CV) a personas percibidas como opositores; policías armados dentro de los recintos de votación; asedio policial afuera de los CV y en viviendas de personas opositoras; amenazas a comunitarios para evitar que llamaran al «NO voto».