El expresidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue encontrado por un jurado de Nueva York culpable de los graves delitos de “conspiración para importar cocaína”, “portación y uso de armas de fuego y otros artefactos destructivos” y “conspiración para usar y portar ametralladoras”.
Hernández, quien fuera presidente de Honduras en dos períodos consecutivos (de 2014 a 2022), ha quedado a la espera de la pena que le imponga el juez correspondiente, que por la gravedad de los delitos podría ser de prisión perpetua.
A lo largo del juicio, Hernández alegó inútilmente su inocencia. Sus abogados señalan que las acusaciones no se fundaron en evidencias físicas y concretas, solo en testimonios verbales de personas que están condenadas por narcotráfico y habrían inculpado a Hernández a cambio de la reducción de penas y otros beneficios carcelarios.
Como sea, el hecho es que el caso del expresidente hondureño ha mostrado la magnitud de la corrupción política en Centroamérica, que según los organismos especializados es una de las peores en todo el mundo.
Precisamente en el título de este editorial la llamamos “cáncer de la corrupción política”, porque es igual que esa enfermedad del organismo humano “que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera anormal e incontrolada”. Del mismo modo, como un cáncer, se multiplica abundantemente y sin control la corrupción política en la sociedad y sobre todo en los gobiernos de los países de Centroamérica. Salvo en Costa Rica, hacen la salvedad los organismos anti-corrupción.
Desde mediados del siglo 19 el historiador, político y escritor británico conocido como Lord Acton, alertó que en general el ejercicio del poder invita a la corrupción cuando las personas que lo ejercen no tienen integridad ética. Hay que estar en alerta permanente porque “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, advirtió Lord Acton, pero es obvio que no se le hizo mayor caso.
Transparencia Internacional (TI) define la corrupción política como “el abuso del poder confiado para el beneficio privado”. Y señala que la corrupción causa muchas víctimas, no solo porque los corruptos se embolsan grandes sumas de dinero que deberían dedicarse a resolver problemas sociales y combatir la extrema pobreza; sino también porque el poder de la corrupción es tan grande y despiadado que no vacila en asesinar a las personas honestas que la denuncian.
Según un reporte de la ONG Frontline Defenders, en Centroamérica, por el entrelazamiento de las castas políticas con el crimen organizado y sobre todo del narcotráfico, el 98 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados son precisamente activistas contra la corrupción.
“La corrupción —escribe Daniel Kempken en la publicación en línea Agenda Estado de Derecho— socava la confianza de los ciudadanos/as en las instituciones del Estado, el Estado de derecho, la democracia, el Ejecutivo, los parlamentos y el poder judicial. Esto, a su vez, provoca un comportamiento corrupto a todos los niveles de una sociedad, o sea la aceptación social de la corrupción, en otras palabras, la corrupción normalizada o endémica”.
Todo eso es muy cierto. El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, con todos los defectos procesales que pueda tener el proceso judicial que se le sigue en Estados Unidos, es apenas una muestra del cáncer de la corrupción que tiene enferma de muerte a la democracia y la vida ciudadana honrada en América Central.
