Como se esperaba, lo que predominó el pasado domingo 3 de marzo en las “elecciones” de autoridades realizadas en las regiones norte y sur del Caribe de Nicaragua, fue la abstención ciudadana. Ponemos entre comillas la palabra “elecciones” porque lo que hubo ese día no llenó los requisitos básicos de una auténtica consulta electoral.
Según el Diccionario Electoral del Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el significado fundamental de las elecciones “se basa en vincular el acto de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar libremente entre ofertas políticas diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos políticos”.
Nada de eso hubo el 3 de marzo en el Caribe. Lo que ocurrió allí fue una distribución predeterminada de las 90 consejerías de las dos regiones caribeñas, asignándose el cuasi partido único de Nicaragua, FSLN, casi todos los escaños.
En realidad, la única “sorpresa” sería que el FSLN no se adjudicó el 100 por ciento de los votos, “solo” el 88.9 por ciento. Quizás fue por gratitud o por el compromiso de darle alguna migaja a los minúsculos grupos políticos que como comparsas acompañaron la farsa electoral del Caribe.
El Consejo Supremo Electoral del régimen informó que la abstención fue del 52 por ciento. Sin embargo, el organismo independiente de observación electoral denominado Urnas Abiertas informó que la abstención real fue de 86.72 por ciento, un estimado mucho más cercano a la realidad.
En realidad, si no había competencia pues el único partido político independiente del Caribe, Yatama, había sido ilegalizado previamente y sus líderes encarcelados, no cabía esperar que la mayoría de la gente tuviera interés en ir a votar.
En todas partes hay abstención, es parte del proceso electoral. Ocurre mayormente en las elecciones locales que no son determinantes del rumbo del país. Y además no causa efectos jurídicos, salvo donde el voto es obligatorio.
Sin embargo, en los países donde no hay democracia la abstención exterioriza una determinada voluntad política colectiva de la gente, particularmente de repudio silencioso al régimen imperante.
Cabe mencionar al respecto que el 86.72 por ciento de abstención que según Urnas Abiertas hubo en las “elecciones” del Caribe del 3 de marzo, es bastante parecido al 81.5 en las “elecciones” nacionales de 2021 reportado por el mismo organismo independiente de la sociedad civil.
Es comprensible. Después de tantas farsas electorales no se puede esperar que los ciudadanos vayan masivamente a votar, sabiendo que sus votos no tendrán valor. Lo lógico en tal caso es que solo voten los partidarios del régimen y quienes son obligados de cualquier manera. Los que sumaron el 13.8 por ciento que votó de acuerdo con el informe de Urnas Abiertas.
Ya vendrá la oportunidad en que otra vez haya elecciones libres y competitivas en Nicaragua, en las que los ciudadanos puedan participar convencidos de que sus votos serán respetados; y de que realmente decidirán qué partidos y personas políticas deben ocupar los cargos públicos nacionales, regionales y municipales.
