El GHREN, como se sabe, es el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua, que el jueves 29 del recién pasado mes de febrero presentó su segundo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que lo creó con el mandato de investigar la situación de este país.
El segundo informe del GHREN establece como su primera y principal conclusión que “el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado (de Nicaragua) identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y discutidos en el presente informe y en el primer informe del Grupo”. Y agrega que “Nicaragua también debe responder por su posible responsabilidad estatal”.
Es necesario reconocer que este tipo de documentos no son vinculantes, o sea de ejecución y cumplimiento obligatorio, de manera que tienen más impacto mediático que consecuencias prácticas. Sin embargo, lo importante es que dicho informe recupera el caso de Nicaragua para la atención internacional, cuando están ocurriendo acontecimientos mucho más graves en otras partes del planeta que concentran la preocupación mundial.
El segundo informe del GHREN presenta diez conclusiones fundamentales, la primera de las cuales ya la citamos. En las otras nueve confirma las graves violaciones a los derechos humanos que ya había comprobado y denunciado en el primer informe; agregando ahora que la represión se ha perpetuado y extendido en cantidad de hechos y de víctimas personales e institucionales.
Subraya el informe del grupo de la ONU que han desaparecido las instituciones y mecanismos de un Estado democrático, y advierte que se habrá de necesitar mucho tiempo y recursos para establecer en Nicaragua “una situación regida por el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”.
En sus recomendaciones se refiere a “los nicaragüenses privados de su nacionalidad, obligados a salir o a los que se les ha negado la entrada en el territorio de Nicaragua, y/o que han huido de Nicaragua”; a los cuales dice que se les debe atender de conformidad con los instrumentos internacionales existentes.
Advierte que las medidas previstas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo no se deben usar para reprimir por motivos políticos. Y señala que se deben tener en cuenta los factores económicos mencionados por el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre Nicaragua y el impacto de los derechos humanos en las relaciones comerciales internacionales con este país.
El segundo Informe del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua ha sido recibido con satisfacción por una parte de la oposición en el destierro y el exilio, pues consideran que ha venido a fortalecer la esperanza en que la comunidad internacional podría hacer algo más en favor de Nicaragua.
Pero también ha sido criticado por otro sector de la oposición porque no menciona al Ejército entre los responsables de la represión y las violaciones masivas a los derechos humanos. Además, consideran que falla al hablar de responsabilidad estatal siendo personas o individuos los responsables ahora y en el futuro por todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el país.
Sin embargo, conociendo cómo funcionan Naciones Unidas y el lenguaje que suelen usar sus organismos y operadores, se puede decir que bastante ha hecho el GHREN al señalar nombres y apellidos de quienes ante todo deben ser sometidos a investigaciones judiciales, a fin de determinar las responsabilidades en los crímenes contra los derechos humanos cometidos en Nicaragua.
