La cruda represión sociopolítica en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a los nicaragüenses ha obligado a casi un millón de personas a abandonar su país, de acuerdo con el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Citando cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el GHREN afirmó que entre 2018 y junio de 2023, al menos 935,065 nicaragüenses que han salido del país. De estos, 874,641 son solicitantes de asilo en varios países y solamente 60,424 han obtenido el estatus de refugiado.
Este exilio masivo ha sido calificado por el GHREN como «una situación de violaciones masivas de los derechos humanos, cuyas circunstancias perturban gravemente el orden público».
La cantidad de personas que han huido del país «corresponde a uno de cada ocho nicaragüenses», detalla el informe. De acuerdo con el Banco Mundial, la población en Nicaragua en 2022 era de 6,948,392 habitantes.
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Nicaragüenses huyen por persecución
Desde el año 2018 la persecución política perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega ha obligado a miles de ciudadanos a salir del país para evitar el asedio policial o encarcelamientos. En todos los casos documentados por el GHREN, «las personas que decidieron huir de Nicaragua sufrieron una o más violaciones y/o abusos documentados en este y en el primer informe».
Asimismo, el «entorno intimidatorio y coercitivo» propiciado por la dictadura de Ortega «ha creado una variedad de diferentes actos represivos que equivalen a la expulsión u otras formas de coacción». El informe señala al régimen sandinista que «con las detenciones arbitrarias y la violación del derecho a un juicio justo» han provocado este éxodo masivo de nicaragüenses hacia el extranjero.
Según un informe de Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca +» publicado en junio de 2023, las personas nicaragüenses desplazadas forzadas se han resguardado principalmente en países como Estados Unidos, Costa Rica, México y España.
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En este último informe del GHREN también identifica por primera vez la estructura de mando de la represión y enumera las responsabilidades penales individuales de Gustavo Porras (jefe de la Asamblea), Ana Julia Guido (fiscal general), Marvin Aguilar (hasta hace unos días presidente de la Corte Suprema) y Luis Cañas (viceministro de Interior). Y señala directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo de dominar todas las instituciones del Estado y dar órdenes a través de operadores políticos de confianza para reprimir, perseguir, encarcelar y confiscar propiedades.
