El próximo domingo 3 de marzo serán las elecciones en el Caribe Norte y Sur de Nicaragua, que son para supuestamente elegir a los 25 miembros de cada uno de los Consejos Regionales Autónomos, 50 en total.
Pero elegir es solo una forma de hablar. Se les llama elecciones, pero no lo son en realidad porque no llenan los requisitos de una verdadera elección de autoridades mediante el voto libre y bien escrutado de los ciudadanos.
Cuatro partidos o alianzas acompañan al FSLN en el simulacro electoral del Caribe. Acompañamiento que no es gratuito pues reciben una gratificación con fondos del Estado (de la gente que paga impuestos) por simular una competencia electoral que no existe.
El partido político indígena Yatama era el único que tenía una política propia, aunque inofensiva para el poder. Pero aun así fue ilegalizado y sus dos principales dirigentes y representantes legislativos encarcelados tras ser acusados de “traición a la patria”.
El organismo cívico independiente Transparencia Electoral (TE) ha dicho en un informe previo a las votaciones del domingo 3 de marzo en el Caribe, que el proceso “está viciado y al servicio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que controla totalmente al Consejo Supremo Electoral”. Explica que “el árbitro electoral no es neutral, algo que es una condición Sine Qua Non para tener procesos electorales transparentes y poder construir una democracia. Las elecciones en Nicaragua están viciadas por la falta de transparencia e imparcialidad del CSE desde 2008”.
Tampoco es que las regiones del Caribe sean verdaderamente autónomas. Nicaragua es un país orweliano donde las cosas son lo contrario de lo que dicen sus nombres. La dictadura es democracia, el cautiverio es libertad, la transparencia es corrupción, la designación desde arriba es elección, etc.
De manera que las regiones del Caribe son autónomas solo nominalmente. En la realidad no gozan de una verdadera autonomía. Todas las decisiones importantes que se adoptan en los consejos regionales no responden a la voluntad de sus aparentes autoridades, mucho menos a los intereses de ciudadanos o el pueblo. Son decisiones predeterminadas desde el centro de poder del régimen, en El Carmen de Managua.
El Estatuto de Autonomía de las Regiones del Caribe de Nicaragua, aprobado en 1987, fue una de las pocas realizaciones jurídicas democráticas de la Revolución Sandinista en su primera etapa de 1979 a 1990. Los sandinistas la aprobaron como una especie de compensación por las barbaridades que cometieron contra las etnias minoritarias del Caribe durante los primeros años de su poder revolucionario absolutista.
Sin embargo, no reglamentaron el Estatuto de Autonomía que por eso carecía de efectividad. Fue hasta en enero de 2003, en el gobierno democrático de don Enrique Bolaños, que se aprobó una ley sobre el régimen de propiedad de las comunidades étnicas del Caribe; y en julio del mismo año fue aprobado también el Reglamento del Estatuto de Autonomía.
Pero nada o muy poco cambió. Con el restablecimiento del poder centralista de Daniel Ortega en enero de 2007, la autonomía de las regiones del Caribe cayó en una situación de estancamiento, inclusive de retroceso en la integración y las competencias de las denominadas autoridades regionales.
De manera que las llamadas elecciones regionales del próximo domingo 3 de marzo carecen de relevancia, no tendrán ninguna significación para la gobernanza del Caribe nicaragüense.
En Nicaragua la autonomía de las regiones caribeñas es una tarea que deberá cumplir un futuro gobierno democrático, igual que la celebración de elecciones auténticas, creíbles por ser libres y competitivas.
