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El caso del preso nicaragüense extraditado por Costa Rica

Ha causado mucha preocupación y hasta indignación en el exilio nicaragüense la extradición de Costa Rica a Nicaragua del ciudadano Douglas Pérez Centeno, a quien los opositores identifican como excombatiente de la contrarrevolución antisandinista de los años ochenta y ahora adversario del régimen orteguista.

Las autoridades costarricenses explicaron que no es por razón política que se ha extraditado a Pérez Centeno, sino porque Nicaragua lo requería por la acusación de haber cometido crímenes comunes. Y en tal caso el poder judicial de Costa Rica estaba obligado a extraditarlo en cumplimiento de los tratados internacionales de los que es parte el Estado costarricense.

La Policía de Nicaragua acusa a Pérez Centeno de haber matado a una mujer policía y a un hombre civil, durante el asalto de una banda armada con fusiles Ak, ocurrido el 1 de octubre de 2022 contra trabajadores de una empresa agroindustrial en Río San Juan.

La situación es confusa por la falta de credibilidad de la Policía de Nicaragua, pero también porque los exiliados nicaragüenses que protestan por la extradición de Pérez Centeno no aclaran si la acusación contra él es una invención policial. O si la muerte de las dos personas ocurrió en el operativo de una banda armada antigubernamental, en cuyo caso podría ser un crimen común con conexión política.

Tal como se presenta la protesta por la extradición de Pérez Centeno, prácticamente todos los exiliados y desterrados políticos nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica estarían amenazados con ser extraditados en cualquier momento y entregados al régimen de Nicaragua.

Sin embargo, la Constitución de Costa Rica establece en su artículo 31 que la extradición “será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense”. Esa calificación la hace el poder judicial mediante un tribunal de sentencia penal y la orden de extradición puede ser apelada ante una instancia judicial superior, que la confirma o anula.

Ahora bien, según la jurisprudencia costarricense establecida en una Resolución de diciembre de 2004 de un Tribunal de Casación Penal, “la naturaleza jurídica del proceso de extradición no implica de ninguna manera que el Estado de Costa Rica, ante la solicitud de extradición de una persona que se encuentra en su territorio soberano, deba realizarle un antejuicio y hacer una prognosis de condena, sino que, debe limitarse a evaluar el cumplimiento de los requisitos… (y) sin entrar a resolver el fondo del asunto, decidir si concede o no la extradición al Estado Requirente”.

Según las informaciones, la sentencia de extradición de Douglas Pérez Centeno fue apelada dos veces ante la instancia judicial superior por sus abogados. En respuesta a la primera apelación se detuvo la ejecución de la orden de extradición, pero en la segunda vez, cuando el tribunal aceptó el recurso la resolución ya había sido cumplida.

Es comprensible que a  los nicaragüenses les resulte difícil entender que en Costa Rica, siendo un país democrático con Estado de derecho, el gobierno central no se inmiscuye en los asuntos que competen a la institución judicial. Al contrario de Nicaragua, que tiene una arraigada tradición de ausencia de independencia real de los poderes del Estado y el Gobierno influye o decide directamente sobre el contenido de las sentencias judiciales.

Pero aunque sea comprensible no es correcto. Y de cualquier manera no es sensato que por esa incomprensión empeoren las relaciones del exilio de Nicaragua con las autoridades de Costa Rica, que siempre ha sido un país solidario y generoso con los perseguidos políticos nicaragüenses.

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