La oleada migratoria que se incrementó a raíz de la profundización de la crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que vive Nicaragua —bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo— desde 2018 ha llevado a que miles de mujeres nicaragüenses abandonen el país en busca de mejores oportunidades laborales en el extranjero, que le permitan brindarle estabilidad a su familia, sin imaginar que sus vidas podrían ser arrebatadas por la violencia machista, en situaciones de vulnerabilidad.
«Es bien alarmante la situación de violencia que estamos viviendo en Nicaragua, y más la situación económica que ha hecho que las mujeres migren y es ahí donde se han encontrado con la violencia, porque la violencia machista no tiene frontera y han terminado con sus vidas», expresó a LA PRENSA una feminista e integrante del Observatorio Voces de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), bajo la condición de anonimato por temor a represalias.
El Observatorio Voces de CDD documentó que en los 12 meses del 2023, un total de 22 mujeres nicaragüenses fueron asesinadas en el extranjero por hombres identificados como parejas, exparejas, amigos, conocidos e incluso desconocidos.
Solo el cinco por ciento tuvo acceso a la justicia
El 2023 cerró con 74 casos de femicidios, 52 ocurridos en Nicaragua y 22 en el extranjero. En Costa Rica ocurrieron la mayoría de crímenes. Cabe mencionar que en 2022 se registraron 68 crímenes de odio, 11 de ellos ocurrieron en el exterior.
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A la fecha, según datos del Observatorio Voces de CDD, se registran cinco casos, de los cuales tres ocurrieron en Nicaragua y dos en el extranjero: uno en EE.UU. y otro en Costa Rica.
«Las mujeres estamos desprotegidas en todos los lugares porque la violencia machista no tiene límites ni fronteras, igual siendo una mujer en el extranjero donde a pesar de tener los derechos universales no te protegen, porque si en tu propio país no te protegen, no lo va hacer otro», reprochó una feminista nicaragüense que pidió no ser citada.
Lo anterior fue reforzado por la integrante del Observatorio Voces, quien ejemplificó que en relación a dónde ocurrieron la mayoría de crímenes «los ocurridos en Costa Rica fueron cometidos por ‘sicarios’, según las autoridades costarricenses que te dicen que hay una banda de sicarios, entonces la gran pregunta es ¿dónde vas a encontrar a ese asesino?, ¿cómo vas hacer para obtener justicia?».
La integrante del Observatorio afirmó que de los 22 femicidios ocurridos en el exterior solo «el cinco por ciento obtuvieron acceso a la justicia» y que se logró en estos casos gracias a que familiares de la víctima de femicidio se encontraban en el país donde le arrebataron la vida a su ser querido.
Situación económica también limita
Ambas activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres coinciden en que los casos de femicidios en el extranjero golpean doblemente a las familias, por un lado está el luto y por otro la odisea y burocracia para poder repatriar el cuerpo.
«Es muy lamentable porque la familia tiene que pasar apuros, pedir (ayuda económica) para repatriar el cuerpo, porque es parte de nuestra cultura ver el cuerpo de nuestro ser querido enterrado en nuestro país, es más doloroso tener que pedir sabiendo que esa mujer que se fue del país lo hizo para ayudar a la familia y su vida fue arrebatada», compartió la feminista nicaragüense.
La integrante del Observatorio Voces agregó que la situación económica también se convierte en otro limitante para obtener justicia y más si el Estado de Nicaragua no cumple con su rol.
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«Las familias para poder repatriar el cuerpo piden ayuda y ahora para obtener la justicia es más duro, porque si la mujer migró sola no tiene pariente que haga todo para llegar a la justicia por su asesinato, y si el familiar en Nicaragua está pidiendo que le ayuden para repatriar el cuerpo mucho menos va a tener para ir a otros países a pedir justicia. Ese porcentaje es el que logra tener allá un familiar que lo representa, y el que no, no va a obtener justicia, el Estado debe acompañar a las familias desde la repatriación de los cuerpos hasta exigir una investigación profunda del crimen y es deber del Estado cumplir con su rol, la misma Ley 779 lo manda, pero aquí no se cumple ninguna ley», apuntó.
Reprochan el beneficio de convivencia familiar
Los crímenes contra las mujeres nicaragüenses son calificados por el Observatorio Voces como «atroces», de hecho la integrante reprochó que «vemos que en estos femicidios hay niñas, adolescentes, que fueron cruelmente asesinadas y ni el Ministerio de la Familia se pronuncia, esto ya no existe en el país, por eso mucho menos que el Estado se pronuncie por los crímenes en el extranjero».
También afirmó que no sirve de nada que el Gobierno siga inaugurando Comisarías para las Mujeres —que ya casi son 300 en todo el país— si «no hay ningún personal especializado que atienda a las mujeres, porque lo primero que la mandan es a mediar, aquí debe haber un programa más aterrizado para atender la problemática, si no vamos a retroceder al 2010 y 2011, donde casi 100 y 80 mujeres fueron asesinadas, y en 2023 cerramos con 74 casos».
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Desde el Observatorio Voces de CDD, indica la integrante, «condenamos los indultos que han habido, seis de los 74 crímenes son indultados o fueron liberados bajo el régimen de convivencia familiar, cinco femicidas se suicidaron, y ahí tenemos 11 crímenes sin justicia, porque los indultados se ha convertido en política del Estado de liberar a un hombre que va arrebatar la vida de las mujeres».
Apuntó que de los tres femicidios registrados, específicamente en Managua, dos crímenes fueron cometidos por dos hombres indultados «esta es la respuesta del beneficio que están dando tanto a criminales, femicidas, delincuentes, violadores y los que corren peligro son las mujeres y familias que han denunciado al agresor o asesino».
