El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue sentenciado por el poder judicial de su país a cumplir 10 años y 8 meses de prisión y pagar una suma millonaria en dólares, por delitos de corrupción cometidos durante su período gubernamental de 2009 a 2014.
Sin embargo, antes de que se dictara orden de arresto en su contra, Martinelli pidió asiló en la Embajada de Nicaragua en Panamá, aduciendo que es un perseguido político. El régimen de Daniel Ortega le concedió el asilo inmediatamente y solicitó al gobierno de Panamá que le extienda el salvoconducto para viajar a Nicaragua. Sin embargo el gobierno panameño rechazó la petición de salvoconducto.
De acuerdo con el derecho internacional latinoamericano Martinelli tiene derecho de solicitar el asilo y le corresponde al Estado de Nicaragua calificar si es un perseguido político, o un vulgar aunque prominente delincuente común como lo ha calificado la justicia de Panamá y por eso lo ha condenado. Al parecer Martinelli intuía que el gobierno panameño no le extendería el salvoconducto, o al menos no tan pronto como quisiera, pues ha hecho reacondicionar lujosamente la sede de la Embajada de Nicaragua en la ciudad de Panamá, que según las informaciones no tenía condiciones para alojar a ningún huésped de cualquier nivel.
Martinelli asegura que la persecución y sentencia judicial contra él obedecen a motivos políticos, porque es el candidato con más posibilidad de ganar la próxima elección presidencial. Alega que en Panamá hay una “dictadura cívica” encabezada por el presidente Laurentino Cortizo, que quiere impedir que él (Martinelli) vuelva al poder y saque a los panameños de la pobreza. Algo que por cierto no hizo durante los cinco años en los que fue presidente de ese país.
El diario La Prensa de Panamá, que por su seriedad, credibilidad y prestigio es un periódico de referencia en ese país e internacionalmente, ha comentado editorialmente que es inadmisible el alegato de Martinelli de que es un perseguido político, pues todos los panameños fueron testigos, durante la transmisión en vivo por televisión del juicio que se le siguió, de que se le respetaron todas sus garantías procesales; y de que el Ministerio Público probó el delito de lavado de activos que cometió, por lo que fue declarado culpable después de un largo proceso judicial que comenzó en 2017.
“Si el Gobierno actual concede el salvoconducto que ha pedido o que pretende pedir el gobierno extranjero para que el convicto viaje a Nicaragua —escribió editorialmente La Prensa de Panamá—, tácitamente estaría reconociendo que este sujeto (Martinelli) es un perseguido político”. Y agrega que “el mensaje que recibiría la delincuencia enquistada en el Gobierno sería que, sin importar sus delitos, les queda un as bajo la manga: pedir asilo y obtener del gobierno de turno un boleto a la impunidad. Y eso es inaceptable”.
Es bien sabido y comentado que el régimen actual de Nicaragua ha convertido a este país en un refugio de expresidentes y otros personajes que habiendo sido altos funcionarios de gobiernos de Centroamérica, y después de dejar el poder acusados, perseguidos y condenados por corrupción. Inclusive se les otorga rápidamente la nacionalidad; mientras que por motivos políticos y de conciencia se les quita a muchas personas que nacieron en Nicaragua y han demostrado que quieren lo mejor para este país.
No se trata por cierto de algo que pueda ser motivo de orgullo nacional, sino de lo contrario.