El dictador Daniel Ortega ya suma a tres expresidentes centroamericanos —dos salvadoreños y un panameño— acusados de corrupción en sus países, a quienes les brinda asilo político, mientras su régimen en Nicaragua continúa violando los derechos humanos y mantiene una brutal persecución contra los nicaragüenses identificados como opositores, a quienes ha obligado al exilio o desterrado en los últimos años.
Este miércoles, a través de una nota de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó a Panamá, gobernada por Laurentino Cortizo, que ha otorgado el asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, “por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”. Martinelli fue condenado en su país a diez años y ocho meses de cárcel por blanqueo de dinero,
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El 6 de septiembre de 2016, Ortega concedió el asilo político al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014) y a su familia integrada por su esposa Ada Mitchell Guzmán Siguenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes y Mauricio Alejandro Funes. El exmandatario es considerado un prófugo de la justicia salvadoreña y está acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión.
Mientras que el 5 de diciembre de 2020, el exmandarario salvadoreño Salvador Sánchez Cerén —sobre quien pesa una orden de arresto en su país por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y según lo defraudado al Estado ronda los $350 millones— salió de El Salvador hacia Nicaragua en busca de asilo político. Posteriormente, en agosto del 2021 el régimen lo nacionalizó a él y meses después a todo su núcleo familiar.
El doble rasero de la dictadura
La dictadura orteguista, que desde 2018 recrudeció la persecución contra opositores, defensores de derechos humanos, sacerdotes y periodistas, en estos casos se proclama respetuoso de la Convención de Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, por lo que los expertos consultados por LA PRENSA valoran que lo ha convertido en un negocio y busca algún beneficio.
El costarricense Carlos Murillo Zamora, experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), valoró que realmente hay doble moral y una doble lectura, porque un mismo principio o norma internacional se aplica e interpreta dependiendo a quién beneficie.
“Una misma norma de derechos humanos se lee de forma diferente si la aplicación va a beneficiar los intereses del régimen. Es una lectura sesgada a la hora de interpretar principios de derechos humanos y en general normas de derecho internacional”, señala Murillo Zamora.
En esa misma línea, Uriel Pineda, experto en derechos humanos, afirmó que efectivamente el asilo político es un derecho humano, sin embargo “dentro de las restricciones o de las incompatibilidades que puede tener el asilo político es la no procuración de impunidad, es decir, ante hechos delictivos que hay una moneda de dos caras, de un lado está el derecho a la justicia de la víctima de cualquier acto ilícito y cuando se trata de corrupción, la víctima es el Estado y el tema del erario”.
A su vez, Pineda aseveró que lo que hace el orteguismo es “una burda de simulación de protección humanitaria” debido a que “si el régimen tuviese una auténtica preocupación por los efectos que puede tener la persecución política, desde luego no lo implementaría contra los nicaragüenses que denunciamos la violación de los derechos humanos, y demandamos libertad y democracia en el país”.
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El exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y experto en relaciones internacionales, Guillermo Belt, calificó a la dictadura de tener una doble moral.
“Basta para demostrar el cinismo e hipocresía de los dictadores al decir que están concediendo asilo político a Martinelli para defender la Convención del Asilo Político, y que no se debe tolerar la persecución política, cuando ellos son los que ejercen la persecución política más feroz que no se había visto nunca con el encarcelamiento de los opositores y dirigentes políticos que habían anunciado participar en las elecciones de 2021”, indicó Belt.
Refugio para “delincuentes internacionales” e impunidad
Que Nicaragua sea un país donde no se permite la extradición a los nacionales es lo que estaría atrayendo a extranjeros prófugos de la justicia, incluyendo a exmandatarios señalados de corrupción, solicitar asilo político y posteriormente nacionalizarse en Nicaragua, coinciden las fuentes.
El politólogo y exaspirante a la Presidencia, excarcelado y desterrado, Félix Maradiaga, manifestó que el hecho de que el régimen otorgue protección y refugio a personas buscadas por la justicia “demuestra la profunda falencia ética y descomposición de la dictadura sandinista”.
A su vez, apuntó que desde el derecho internacional y la política exterior, esta práctica “viola los principios de cooperación entre Estados y el deber de rendir cuentas. Al dar santuario a personas acusadas de corrupción y crímenes, Ortega fomenta la impunidad y debilita la confianza en el sistema judicial internacional. Además, socava los esfuerzos de otros países para perseguir y procesar a los culpables”.
Por su parte, Pineda recalcó que “sin duda es una burla a la protección internacional porque él lo hace para procurar impunidad”, puesto que el asilo político “no puede convertirse en un instrumento que busque generar la impunidad respecto a actos ilícitos, en este caso corrupción”.
El experto nicaragüense, despojado de su nacionalidad, también explicó que desde la perspectiva política interna el régimen Ortega Murillo “trafica con impunidad, han sido casos recurrentes, de personas acusadas de corrupción que han recibido la protección de las relaciones diplomáticas que tiene Nicaragua con diversos países. La dictadura trafica con los privilegios diplomáticos de Nicaragua”.
Para el experto Belt es mucho más delicado el que Ortega le dé asilo político a un expresidente al que se le condenó por blanqueo de dinero en su país, debido a que advierte “hay acuerdos internacionales para perseguir la corrupción y lavado de dinero”.
Asimismo dijo que ante “una sentencia firme e inapelable y ahora solo tiene que cumplirse la condena, pero Martinelli lo que hace es presentarse a las primarias como candidato presidencial y después pide asilo político, sin duda es una maniobra del exmandatario de someterse al asilo político a personas condenadas en su país”.
El salvadoreño Napoleón Campos, experto en temas internacionales, de integración regional y migraciones, aseveró que parecía que el asilo político fuera una “venta al mejor postor para irse a Nicaragua. Preocupa mucho estos nichos de criminalidad dentro de la región, nidos que se construyen desde las casas presidenciales, nidos de corrupción y saqueos”.
¿Ortega busca algún beneficio?
Para el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, la dictadura busca al menos tres cosas esenciales desde beneficios económicos hasta utilizarlos como intercambio.
“Si son perseguidos por corrupción tienen acceso a recursos financieros. Ortega busca tener asesores que le sean útil para tener algún tipo de apertura a nivel internacional porque él es un dictador aislado, porque sea lo que sea Martinelli tiene un potencial y capital político, diplomático y de relaciones internacionales enormes, es el que iba a la cabeza de los favoritos para las elecciones en Panamá”, refirió McFields.
En ese sentido, agregó que Ortega “le está dando asilo a expresidentes que siguen teniendo algún tipo de poder en sus países, por una especie de ‘hoy por ti, mañana por mí’ porque Ortega tiene que garantizar un plan A, B y C para cuando tenga que rendir cuentas él o sus hijos, porque él no se va a ir a Cuba o China, y es ahí donde esas relaciones y acciones le podrían garantizar algún escape o salida en el futuro”.
Una valoración similar tiene el costarricense Murillo Zamora, quien considera que las acciones son “un juego de cartas que mantiene Ortega Murillo para intercambiar cuando tenga ciertas presiones”.
Remarcó que nadie puede olvidar que “ha convertido a Managua en un centro de refugio de expresidentes y otros exfuncionarios, como hondureños, que en este caso le ha servido para jugar una carta de presión contra Xiomara Castro, lo mismo ocurre en El Salvador con Funes, y ahora va a ocurrir con Panamá con Martinelli”.
McFields apuntó que “Ortega no hace nada de gratis, siempre lo hace pensando en obtener un tipo de ganancia, desde el capital económico y político. También recordar que (Ortega) los convierte en monedas de cambio, si el día de mañana necesita soltar a Martinelli a cambio de algo de Panamá o EE. UU., lo hace, yo creo que por el anhelo que tiene de tener una relación con Nayib Bukele en cualquier momento le va a regalar la extradición de Funes o Sánchez Cerén”.
Pineda, por su parte, insistió que desde el análisis de política exterior, el reconocimiento de asilo, es decir el otro país persigue políticamente a alguien, “puede tener una implicación política al crear un conflicto en las relaciones bilaterales que tiene Nicaragua con Panamá”.
¿Panamá otorgará el salvoconducto?
Hay dos vías para aplicar asilo político, indicó Pineda, acudir a la sede diplomática y solicitarlo debido a que “se consideran extensión del territorio nacional de un país y es inviolable” y la otra es estando fuera del país que es perseguido, “acudir a cualquier sede diplomática del país que se desea obtener la protección internacional”.
En el caso de Martinelli, explicó Pineda, es obligación que surge para el Estado, en este caso Panamá, la emisión de un salvoconducto para que esta persona pueda salir hacia el país donde solicitó asilo “sin que pueda intervenir el país”.
Por lo anterior apunta que de manera tal en las próximas horas Martinelli “podría viajar a Nicaragua, con excepción de que el Estado se negara a otorgar el salvoconducto que es un escenario posible, y en ese caso pueden tomarse acciones ante la Corte Internacional de Justicia, esto puede generar una crisis entre Nicaragua y Panamá, si el Estado panameño se negara a otorgar el salvoconducto”.
A su criterio, el experto salvadoreño Campos se mostró escéptico y dijo que “yo creo que Panamá no va aceptar lo que el régimen orteguista está solicitando de facilitar la salida de Martinelli para ejecutar ese asilo, me parece que estamos a las puertas de un caso de los que ya ha habido en la historia de América Latina de ocupantes de larga estancia en las embajadas de otros países, por ser fugitivo de la justicia, lo que se convirtió Martinelli al ingresar a la Embajada de Nicaragua en Panamá”.
De la misma manera McFields expresó que “yo no creo, lo veo bien difícil, que se concrete ese asilo que está tratando de garantizarse a Martinelli porque es un año electoral, no sé si le convendría más al presidente de Panamá que Martinelli rinda cuenta a toda costa ante la justicia, no creo que EE. UU. esté de acuerdo que Martinelli se escape a Nicaragua”.
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Al consultarle si la solicitud de asilo político ocurrió de un día para otro, McFields consideró que “no, este tipo de acciones llevan su tiempo y tampoco se manejó con todos, solo con el anillo de hierro de Ortega que es su familia y unos dos o tres funcionarios o allegados”.
En diciembre pasado, el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán —la otra mitad del pacto que permitió a Daniel Ortega regresar al poder— pudo salir del país sin problema para reunirse en Panamá con su esposa, la desterrada política María Fernanda Flores, en la casa de un polémico exmandatario guatemalteco. La salida de Alemán confirmaría que sigue vigente el pacto político que hizo con el dictador Ortega, que le permitió a este último regresar al poder para atornillarse.
