Las demandas por pensión de alimentos siguen encabezando los casos de ingresos en asuntos de Familia. La Defensoría Pública de Estelí, según el delegado Eliot Chávez, que ofreció entrevista a medios locales, “ha recibido un alto número de demandas relacionadas con pensiones alimenticias y reconocimientos de paternidad en el primer mes del año”.
El funcionario orteguista, sin dar el dato exacto de las demandas que registraron, indicó que la mayoría de demandas de pensión de alimentos en favor de menores de edad son interpuestas por “mujeres que buscan garantizar el derecho de sus hijos e hijas a recibir una pensión alimenticia de parte de sus padres biológicos, así como el reconocimiento legal de su filiación”, remarcando que dichos procesos “suelen ser largos y complejos y requieren de la asistencia gratuita de la defensoría pública”.
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Sin embargo, la política de ocultamiento de la información pública que impone la dictadura orteguista en las instituciones del país mantiene desfasados los anuarios de la Dirección de Información y Estadísticas (DIE) del poder judicial, y no permiten conocer a cuánto ascendieron las demandas por pensión de alimentos en 2023.
Más de 14 mil demandas de alimentos resueltas en 2022
Clarisa Ibarra, directora de la Defensoría Pública de Nicaragua, en junio de 2023 detalló en el programa Una Hora con la Justicia, que en 2022 brindaron 61,276 servicios jurisdiccionales, casos que fueron judicializados, de los cuales 29,623 fueron casos penales y 19,487 asuntos de familia.
Explicó que en los asuntos de familia el servicio de mayor demanda fue en materia de pensión de alimentos, seguida del incidente de paternidad y la disolución del vínculo matrimonial o divorcio.
En 2022 —según Ibarra— el poder judicial logró sentencias de alimentos provisionales y atrasadas a favor de 14,823 niños, niñas y adolescentes, con las que se ordenó el pago de 431,025,795.89 córdobas.
Un año antes, en 2021, según el último anuario estadístico divulgado en el DIE del poder judicial, en materia de familia a nivel nacional se ingresaron 5,802 casos de pensión de alimentos, de los cuales se resolvieron 5,717, ubicándose como la segunda acción más frecuente de ingreso en los servicios jurisdiccionales de asuntos de familia.
Las demandas de pensión de 2021 solo fueron superadas por las disoluciones del vínculo matrimonial por voluntad de una de las partes, con un total de 6,359 ingresos.
Demandas por alimentos deberían resolverse máximo en 3 meses
Una abogada feminista, experta en temas de pensión de alimentos, de forma anónima explicó que hay varias maneras de recurrir por pensión de alimentos, entre ellas citar al irresponsable ante el Ministerio de la Familia, usando la vía administrativa, o por la vía judicial, a través de los Juzgados de Familia, en la que después de un proceso se establecería una sentencia con el pago correspondiente de la pensión, y en caso que el demandado incumpla debería someterse a una mediación en la que se comprometa a cumplir o asumir una pena carcelaria.
Detalló que la persona que demandará necesitará para empezar su proceso «tener certificados de nacimientos de niños o niñas, elaborar presupuesto de los gastos que se hace con ellos o ellas, y establecer si hay posibilidades de conocer los ingresos de la persona a demandar, una colilla de pago, el estimado de sus ingresos mensuales o la empresa en que trabaja».
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El Código de la Familia de Nicaragua detalla que las formas de fijar una pensión de alimentos, con base en el salario neto que perciba, será del 25 % en caso de ser un hijo, 35 % en caso de dos, y el 50 % por tres hijos o más, resaltando que este se distribuiría de forma equitativa entre los dependientes.
La letrada recordó que «en caso que los hijos no estén inscritos con los apellidos del padre se puede realizar la demanda de alimentos, no importa, ya que eso se incidenta o se menciona en el juicio, que solo está registrado con los apellidos de la madre, y si se niega a que es el padre o madre, pues se le pide que pague la prueba de ADN, para confirmar la paternidad o maternidad».
Además, resaltó que una demanda de alimentos debería durar como máximo un período de tres meses, según lo que se establece legalmente, «pero en la práctica puede llevar más tiempo y dependerá de la agilidad que le dé el juzgado, el juez, la parte de demandante, porque muchas veces hay retardos innecesarios».
La pensión de alimentos —remarcó la abogada— debe cubrir «todas las necesidades de los niños y las niñas; salud, educación, vivienda, medicinas, vestuario, calzado y recreación», estableciendo que el «50 % debe ser asumido por ambas partes».
