Con esta afirmación categórica el Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador tituló un artículo de opinión publicado en La Prensa Gráfica de ese país el lunes 5 de febrero, un día después de las elecciones salvadoreñas del domingo recién pasado.
El Centro de Estudios Jurídicos se define en su portal como “una Asociación de abogados de carácter académico, apartidaria y sin fines de lucro, cuya finalidad es velar por el imperio del derecho en El Salvador”.
La declaración de los juristas salvadoreños se refiere a que, como se esperaba, el recién pasado 4 de febrero Nayib Bukele fue reelegido como presidente de El Salvador con una abrumadora votación mayoritaria de más del 85 por ciento. Esa fue la cifra que él mismo se adelantó a informar el domingo por la noche. Y agregó Bukele que su partido, Nuevas Ideas, había obtenido como mínimo 58 de los 60 diputados a la Asamblea Legislativa.
Con tanto apoyo popular como el que evidentemente tiene Bukele no necesitaba hacer fraude electoral. Pero lo hizo, según lo denunció el periódico salvadoreño El Faro, que por la hostilidad del régimen contra la libertad de prensa se trasladó a Costa Rica.
El Faro informó que para imponer su reelección Bukele “tuvo que dar un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, colocar a su propio fiscal y a sus magistrados, conseguir que tanto la Asamblea como la Corte validaran una reelección inconstitucional, que los magistrados del Supremo Electoral enfrentaran penas de prisión si se oponían a su candidatura, abrir un voto en el exterior sin mayores controles y asfixiar ilegalmente a la oposición”.
Bukele se ufanó de que con su reelección de manera tan apabullante, por primera vez en la historia se instaura el régimen de partido único en un país por la vía democrática. Lo cual es cierto solo parcialmente, porque si bien el voto popular es un ingrediente indispensable de la democracia tiene que ser acompañado y complementado con otros elementos esenciales, como la limitación del poder, el Estado de derecho, la alternabilidad en el gobierno, la separación e independencia de poderes estatales, la vigencia de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos, entre otras condiciones de una democracia verdadera.
Sin embargo, el antes mencionado centro salvadoreño de estudios jurídicos sostiene en el artículo de opinión publicado este lunes en La Prensa Gráfica: “Con la reelección presidencial (de Bukele) se derribó la piedra angular de la Constitución de El Salvador: el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia”.
“El futuro no es incierto —agrega el centro jurídico—. Lo que viene en los próximos años lo podemos ver en otros países de la región que recorrieron el mismo camino que los salvadoreños, por acción u omisión, decidieron seguir. El ejemplo más cercano es Nicaragua”.
Aseguran que “en El Salvador de los próximos años no habrá Estado de Derecho. La norma fundamental no será la Constitución, ni siquiera si deciden cambiarla o sustituirla por una nueva mediante otro golpe de Estado. En Nicaragua, la Constitución real no es la escrita, sino la efímera voluntad de la pareja Ortega-Murillo”.
Abundando en la previsión de lo que será El Salvador a partir del poder absoluto que la gran mayoría de los votantes ha dado a Nayib Bukele y su partido, los juristas democráticos salvadoreños advierten que: “Es en un sistema autocrático como el que ahora vive Nicaragua en donde cada salvadoreño deberá desarrollar su proyecto de vida y sacar adelante a su familia. Es oportuno que en estos días reflexionemos sobre cómo viviremos en esta nueva realidad: en una dictadura”.
En realidad, las mayorías no siempre tienen la razón, suelen equivocarse y por eso es necesario limitar el ejercicio de su poder. Si esto no se hace se cae fácilmente en la tiranía de las mayorías, que en realidad es del caudillo autoritario y abusivo o del partido que las representa.
