La palabra en inglés lawfare significa en español “instrumentalización de la justicia con fines políticos”, según la definió el Colegio de Abogados de Madrid, España. Y concluye que su uso “referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático”. Por su parte, Wikipedia traduce lawfare como guerra jurídica.
Realmente, esa forma torcida de degradar la justicia y manipular la ley con fines políticos se ha practicado en el mundo desde que existe el Estado. Sin embargo, el concepto de lawfare fue acuñado solo hasta en 1975, por dos juristas australianos que lo usaron en un artículo de prensa titulado en español A dónde va la ley: humanidad o barbarie. Después el concepto volvió a ser usado hasta en 2011, cuando el general estadounidense Charles Dunlap lo usó para explicar la legalidad de la Guerra de Kosovo durante los conflictos bélicos causados por la disgregación de la Yugoslavia comunista.
El general Dunlap usó el concepto de lawfare como acrónimo de las palabras en inglés law (ley) y warfare (la guerra), con el significado de utilizar el poder legal y judicial del Estado “no para hacer justicia y hacer cumplir las normas jurídicas vigentes, sino para erosionar a un adversario político, haciendo mal uso de la justicia por un interés político”.
En Nicaragua todas las dictaduras y regímenes autoritarios han practicado la lawfare (sin llamarla de esa manera) para reprimir legal y judicialmente a sus adversarios políticos y liquidar o desmantelar a la oposición. Pero ha sido en los últimos años, después de la frustrada rebelión popular de abril de 2018, cuando más se ha hecho uso de la lawfare, al grado deinstitucionalizarla espuriamente mediante leyes contrarias a los principios de justicia y derecho.
Muestra muy clara de lo que es la lawfare en Nicaragua es el conjunto de leyes, reformas constitucionales y sentencias judiciales con las que una gran cantidad de líderes y activistas políticos opositores, así como un obispo y varios sacerdotes católicos, han sido encarcelados y condenados a prisión, la confiscación de sus propiedades, el destierro y la pérdida de la nacionalidad.
El abogado constitucionalista venezolano Carlos Sarmiento Soza explica en un ensayo periodístico que “para que se pueda decir que existe un caso de lawfare se requiere de una condición fundamental: que el sistema judicial esté sometido a controles distintos a lo que significa la administración de justicia como expresión de autonomía e independencia de los jueces y magistrados, lo que constituiría la piedra angular de un proceso judicial guiado por motivos políticos, o una persecución política instrumentada desde un proceso judicial”.
Precisamente en estos días el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha recurrido a la lawfare para excluir a María Corina Machado de la competencia electoral presidencial, reprimir a sus más cercanos colaboradores políticos y crear un clima de intimidación política en el país.
La lawfare y todas las lacras del autoritarismo y la dictadura desaparecerán solo cuando haya democracia y Estado de derecho.
