Andar y desandar el camino, construir y destruir lo construido, ha sido la característica principal de nuestra historia. Desde nuestra independencia no hemos podido superar esa especie de círculos que nos han costadodolorosos retrocesos. El reto que tenemos los nicaragüenses, por tanto, no es solo salir de la actual dictadura sino romper con esa trágica propensión a reproducirlas; a reeditar el pasado. Un primer paso para lograrlo es reconocer que las dictaduras que periódicamente nos oprimen no son producto de un destino trágico ni de fuerzas externas, sino de un entramado de muchos factores propios de nuestra sociedad. Conocerlos, estudiarlos y buscar sus remedios, es una tarea pendiente e imprescindible.
En mis escritos he insistido en la importancia de los culturales, dándole preeminencia al tema de la educación en valores y a la familia. Tiempo atrás, don Emilio Álvarez Montalván publicó su libro Cultura Política Nicaragüense (disponible en línea en la Biblioteca Enrique Bolaños) en el que demostraba, entre otras cosas, cómo el caudillismo —la tendencia a confiar más en el hombre fuerte que en las instituciones— nos hacía fácil presa de dictadores. Estas realidades hacen necesario explorar formas de impulsar una verdadera revolución cultural. Pero esto es solo parte de la tarea que tenemos por delante. Porque al lado de los factores culturales hay otros de orden político y constitucional que también facilitan el autoritarismo y que es importantísimo conocer y reformar. Entre ellos tiene preeminencia la tradicional falta de independencia de los poderes del Estado, característica maligna que han venido avalando las constituciones de los últimos decenios.
Comencemos por el poder legislativo. Aunque en teoría sus miembros —los diputados— deberían ser los representantes del pueblo, en realidad lo son de sus caudillos o jefes de su partido. Si un líder local quiere representar en la Asamblea su municipio o su departamento, no tiene que preocuparse por obtener el respaldo de sus pobladores. Lo que necesita es obtenerlo de la máxima autoridad de un partido —que suele ser un caudillo con mucho o total poder— a quien la ley faculta para confeccionar la plancha o lista de sus candidatos a diputados. Lo que resulta de este marco legal es un enjambre de aspirantes a diputados que, como abejas alrededor del panal, buscan la simpatía del líder para tener acceso a las mieles del poder. El jefe termina así rodeado de serviles carentes de independencia, más aún cuando la actual y atroz ley contra los diputados, mal llamados “tránsfugas”, autoriza privar de escaño a quienes voten contrario a su bancada.
Una prioridad en la nueva Nicaragua será asegurar que los diputados respondan al electorado y no a jefe alguno, y que sean totalmente independientes; es decir, que en cada tema voten de acuerdo con su conciencia y no siguiendo órdenes o temiendo sanciones de su partido. Esto requerirá democratizar a los partidos políticos, quienes deberán tener primarias supervisadas por el poder electoral, y sustituir el sistema de planchas por elecciones locales donde también puedan competir candidatos sin membresía partidaria (por suscripción popular).
Vayamos ahora al poder judicial. ¿Cómo evitar que sus magistrados sean instrumentos del Ejecutivo? El tema hay que discutirlo con esa preocupación como brújula. Una de las alternativas, practicada con éxito en países como Estados Unidos, es hacerlos vitalicios. El magistrado por vida es más independiente del que tiene que conseguir el respaldo de un partido cada tantos años. Esta reforma la hizo en 1962, Luis Somoza, quien intentó democratizar el sistema, pero fue revertida por su hermano Anastasio, precisamente porque este quería cimentar su dictadura. En cualquier caso, clave aquí será diseñar un sistema que logre seleccionar magistrados con las mejores credenciales morales y profesionales posibles y que apuntale su independencia.
Otra institución cuya independencia e idoneidad es también fundamental es la autoridad electoral. Sea un poder o un instituto, habrá que idear mecanismos de elección y funcionamiento que los abriguen del poder del ejecutivo o de los políticos de turno. Igualmente habrá que analizar formas de hacer al poder ejecutivo más responsivo al público y más transparente y limitado.
El propósito de este escrito no es dar recetas sino invitar a una discusión nacional y amplia sobre mecanismos y medidas concretas que ayuden a construir una nueva Nicaragua donde se vuelva sumamente difícil volver al despotismo. Con una advertencia: que, aunque estos sean indispensables, no bastan. Por muy brillante que sea cualquier diseño de cambios institucionales, si no hay cambios en el comportamiento, en el ethos de los nicaragüenses, seguiremos girando en círculos.
Humberto Belli fue ministro de educación y autor del libro “Buscando la Tierra Prometida, Historia de Nicaragua 1492-2019”.
