La defensora de derechos humanos y ex presa política exiliada, Ivania Álvarez, aseveró que 2023 y este año en curso han sido los más difíciles para recolectar información sobre las violaciones de derechos humanos que la dictadura de Daniel Ortega sigue cometiendo en Nicaragua, pero reconoció que la situación más grave es no tener información sobre la condición de los presos políticos que aún quedan en el país.
Álvarez manifestó que la dictadura tiene bajo amenaza y chantaje a toda la ciudadanía: si alguien critica o protesta ya no solo usan la amenaza de cárcel, sino que le quitan el acceso a permisos públicos que tienen que dar las alcaldías o en el Registro público, niegan el derecho a una identificación, niegan pasaportes, hasta han limitado la libertad religiosa y el derecho a estudiar en una universidad privada.
Pero Álvarez manifestó que la situación de los reos políticos es aún más extrema, porque carecen de libertad y también utilizan otras represalias en contra de sus familiares.
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«El tema de los presos es extremo, en el sentido de que (a los familiares) les hacen firmar una carta cada vez que van a la visita, donde se comprometen a no dar declaraciones y también a no interponer denuncias en los organismos de derechos humanos. Eso hace que los defensores de derechos humanos tengan que buscar otras fuentes y tengan que buscar anonimato o tenga que llegarles la información muy retrasada de lo que está pasando en la cárcel», añadió Álvarez.
La activista confirmó que las represalias de la Policía orteguista contra los familiares de los presos políticos consisten en no recibirles paquetería para ellos en los penitenciarios, cancelarles sus visitas, así como castigar, maltratar y amenazar a los reos.
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«Lo que queda es seguir insistiendo en ese camino de recolectar información y sobre todo seguir haciendo denuncias quienes estamos fuera; y allí son los organismos de derechos humanos los que están dando esta batalla, pero también todas las personas que han estado en la cárcel y que han sufrido todos estos vejámenes de la dictadura deben alzar la voz, porque definitivamente no le podemos pedir a los familiares que lo hagan ellos, porque están dentro y porque el temor generado es real, recordemos que ya murió Eddie Montes y Hugo Torres en la cárcel, o sea, no es un miedo infundado», dijo Álvarez.
«Familias de los presos políticos son sujeto de coimas»
La opositora y también ex presa política desterrada, Tamara Dávila, coincidió con Álvarez en que los opositores que están en el exilio están obligados a seguir denunciando lo que pasa en Nicaragua, porque para los nicaragüenses en el país es un riesgo.
«Las familias de los presos y presas están en una condición de terror, de aislamiento y de absoluto sometimiento por el temor que tienen que a sus familiares que están presos por razones políticas les hagan algo», dijo Dávila.
La opositora manifestó que el estado de descomposición y la corrupción de esta dictadura es tal que las familias de las personas presas son sujeto de coimas y de represión cuando llegan a los sistemas penitenciarios para pasar objetos de higiene personal a sus presos.
Dávila aseguró que al igual que lucharon por la libertad de ella y otros presos políticos, ella y otros excarcelados y opositores seguirán haciendo todo lo que sea posible para conseguir la liberación de los presos que quedan en Nicaragua y la liberación de todo el país.
Actualmente hay más de 100 personas presas por su oposición a la dictadura orteguista, 19 mujeres y el resto varones. Desde 2018 el país vive en crisis por la brutal represión policial contra las protestas civiles, que ese año dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales de defensa de derechos humanos. Desde entonces, los opositores y críticos que se expresan contra el orteguismo son encarcelados, incluyendo sacerdotes, empresarios, estudiantes, campesinos, periodistas y otros.
