El miércoles 24 de enero LA PRENSA informó que el sindicato patrono-estatal Central Sandinista de los Trabajadores (CST) ha pedido un aumento de 13.5 por ciento en el salario mínimo nacional.
Según la información, la CST presentó esa propuesta en la “primera sesión de la mesa de negociación del salario mínimo”, una instancia en la que todas o la mayoría de las organizaciones que participan son aliadas al partido del gobierno, el FSLN.
Como se dice muy bien en la nota informativa de LA PRENSA, se habla de que esa “mesa de negociación” es para consensuar propuestas sobre el aumento del salario mínimo, pero “lo cierto es que al final la decisión se toma en la casa presidencial”.
El representante de la CST también pidió “que hayan más controles de precios”, según él “para evitar especulaciones”. Pero lo cierto es que, como enseña la experiencia, los controles de precios desalientan la producción, causan acaparamiento, mercado negro y mayor especulación.
Eso fue lo que ocurrió en los años ochenta del siglo pasado, cuando el gobierno sandinista de aquella época controlaba los precios con el pretexto de impedir la especulación y proteger a los trabajadores, pero las consecuencias fueron la reducción de la producción de alimentos, el mercado negro, el desabastecimiento y las odiosas tarjetas de racionamiento.
En todo caso, es bueno que se ajuste el salario mínimo de acuerdo con la inflación, con la productividad de las empresas y los márgenes de beneficio de los empresarios. Pero, ¿y los pensionados del Seguro Social? El aumento del salario mínimo que se dicte para el año 2024 se reflejará en un pequeño incremento en las pensiones, pero solo para quienes se jubilen a partir de ahora. Los pensionados anteriores son excluidos además de que con la nueva política monetaria del gobierno de mantener invariable la paridad del córdoba con el dólar, las pensiones ya no serán ajustadas anualmente.
Políticos opositores opinan que el régimen actúa vengativamente contra los pensionados del INSS, porque fue una protesta callejera de jubilados la que encendió la mecha de la gran rebelión nacional de abril de 2018. Es posible que así sea, dado el revanchismo característico del régimen.
Pero también es cierto, y hay que reconocerlo, que en todas partes del mundo los pensionados de la seguridad social se encuentran en situación precaria. La seguridad social es un derecho humano fundamental y además es de máxima sensibilidad por la vulnerabilidad de las personas de la mayor edad. Como derecho humano la seguridad social está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin embargo, hay una gran distancia entre la letra de los tratados de derechos humanos y la realidad, pues hasta hoy la mayor parte de la población mundial carece de acceso a una cobertura de la seguridad social adecuada; y recibe pensiones de hambre como ocurre en Nicaragua.
