La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, defensora de los derechos humanos e investigadora de la persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua, ha recibido el Premio a la Libertad Religiosa Internacional que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.).
El premio, correspondiente al año 2023, lo recibió la doctora Molina el miércoles 17 de enero junto con otras distinguidas personas defensoras de la libertad religiosa, de Nueva Zelanda, Nigeria, Irak, Pakistán, Sudáfrica y China; y un grupo de nueve sacerdotes de las iglesias cristianas ortodoxas de Lituania y Bielorrusia, alineadas con el régimen de Rusia, que fueron expulsados de sus congregaciones porque han condenado la guerra de agresión rusa contra Ucrania.
El Premio a la Libertad Religiosa Internacional fue instituido por el Departamento de Estado de EE.UU. en 2019. Su interés especial en este tema a nivel global se funda en el hecho histórico de que la libertad de religión, junto con la de expresión y la de reunión, fue la primera en ser instituida en la Declaración de Derechos, como se llama colectivamente a las primeras diez enmiendas que fueron incorporadas a la Constitución estadounidense
Es por eso que el actual secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, ha declarado que “la libertad religiosa es una prioridad vital de la política exterior” estadounidense. Y en virtud de ese compromiso el Departamento de Estado monitorea regularmente las persecuciones a creyentes y autoridades eclesiales, e instituyó el Premio a la Libertad Religiosa Internacional que se ha otorgado a la destacada abogada nicaragüense Martha Patricia Molina.
La doctora Molina ha sido honrada con este premio por sus méritos personales y profesionales en la defensa de la libertad religiosa en Nicaragua, un tema que preocupa mucho a la comunidad democrática internacional.
En estos mismos días, el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, reveló que en una entrevista que tuvo recientemente con el papa Francisco le expresó que le gustaría que hubiera “una normalización de la actividad religiosa dentro de Nicaragua”. E informó que puso a disposición del Vaticano “los buenos oficios de Colombia” para mediar con el régimen nicaragüense, a fin de lograr ese buen propósito.
Cabe recordar al respecto que el 14 de enero corriente, el régimen de Nicaragua en su comunicado oficial sobre la excarcelación y destierro al Vaticano de dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas, dijo reconocer “las posibilidades del Diálogo franco, directo, prudente y muy serio” con la autoridad suprema de la Iglesia, para “continuar cultivando la confianza y para acrecentar, desde la Fe, la tranquilidad de Espíritu y el Derecho a la Justicia y la Vida de las Familias Nicaragüenses”.
Ojalá que esa declaración fuese sincera. El respeto pleno e incondicional a la libertad religiosa se debe restablecer en Nicaragua, es apremiante poner fin a la persecución contra la Iglesia católica y las denominaciones evangélicas que también son víctimas del acoso estatal.
