Dos días después de que dejó la Presidencia de Guatemala, el expresidente Alejandro Giammattei fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) que lo acusa de haber cometido corrupción en el poder.
Independientemente de lo que se piense y opine acerca de que EE.UU. se arroga la facultad de declarar corrupto al expresidente de Guatemala, antes de ser investigado y acusado por la justicia guatemalteca, hay que reconocer que la corrupción es un mal amplio y profundo del sistema político de ese país centroamericano.
Según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional (TI), en una escala del 1 al 100 en la que uno es lo peor de corrupto y cien lo más transparente y honesto, Guatemala ocupa el lugar 24. Pero no está muy distante de los otros países centroamericanos, pues El Salvador está en el lugar 33, Honduras en el 23 y Nicaragua —el peor de todos— en la posición 19. Inclusive Costa Rica, que por su democracia y régimen de libertades es considerado el país más transparente del área, ha bajado en ese índice hasta el nivel 54.
No hace mucho tiempo que Guatemala dio el mejor ejemplo internacional de lucha contra la corrupción. Fue a partir de 2006, cuando por petición del entonces presidente Óscar Berger la ONU creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Este organismo no pertenecía al Estado guatemalteco, pero su objetivo era sanear el sistema judicial del país y apoyarse en él para combatir la corrupción y erradicarla.
Gracias a la labor de la Cicig, en 2015 el entonces presidente y la vicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldeti, fueron acusados ante la justicia por corrupción, obligados a renunciar a los cargos y encarcelados.
Pero el buen ejemplo guatemalteco de lucha contra la corrupción no duró mucho tiempo. El presidente Jimmy Morales, quien ejerció el cargo de 2016 a 2020 y en su campaña electoral se comprometió a continuar la lucha contra la corrupción, cambió radicalmente cuando él mismo, su hijo y un hermano fueron implicados por la Cicig en acciones corruptas. Morales bloqueó todas las investigaciones de la Cicig, expulsó del país a sus integrantes y Guatemala retrocedió a los anteriores y aún peores grados de corrupción.
Ahora, el nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, quien emergió como líder político precisamente en la lucha contra la corrupción, ha proclamado como su principal compromiso extirpar ese maléfico cáncer político y socioeconómico de Guatemala.
No es tarea fácil porque la corrupción es extensa y está muy arraigada. Por eso le costó tanto asumir el poder presidencial el 15 de enero recién pasado, después de ganar la elección en agosto del año pasado. Y seguramente la tendrá más difícil gobernando, sobre todo si cumple su promesa de ir a fondo contra los poderes corruptos que han degradado a la sociedad de Guatemala e impedido que se desarrolle.
