El Congreso de Costa Rica condenó durante su sesión plenaria el ataque con arma de fuego al opositor nicaragüense Joao Maldonado Bermúdez y solicita esclarecer si en el territorio nacional operan grupos que busquen afectar a refugiados nicas.
María Marta Carballo Arce, primera secretaria del Congreso de Costa Rica, en una moción leída en sesión plenaria este martes 16 de enero dijo que el ataque contra Maldonado es una acción cobarde contra el opositor y su esposa.
“Que el plenario legislativo acuerde solicitar a las autoridades competentes actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentando y determinar si en nuestro país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense dedicados a perseguir a nicaragüenses en territorio nacional”, acotó.
Relación con dudas
Además, dijo que la escasa información dada por las autoridades de investigación de Costa Rica y la relación “cordial” del presidente de ese país con Daniel Ortega genera grandes dudas.
“La escasa aclaración que entre comillas la Presidencia de la República brindó sobre el caso de Maldonado el pasado 11 de enero, sumado a las declaraciones del presidente (Rodrigo) Chaves en una entrevista en diciembre de 2023 en la que dijo mantener una relación cordial y de consulta con Daniel Ortega y Rosario Murillo, no hacen más que tener una serie de dudas sobre los esfuerzos del gobierno para proteger a los refugiados”, subrayó.
Por tal razón el plenario urge “al Gobierno agilizar los protocolos de protección de las personas que se encuentran en el país en condición de refugiados por razones políticas. También para que el plenario demande al Gobierno expresar una clara condena y manifestar una enérgica censura del régimen por violentar los derechos políticos más básicos y reprimir a la sociedad nicaragüense”.
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La diputada Johana Obando Bonilla también dijo que Costa Rica “se ha convertido en un lugar de refugio y a este lugar está siendo perseguido por la dictadura Ortega-Murillo y ha venido a colocar sus células aquí para seguir matando a su pueblo en este país”.
En días anteriores Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, afirmó que no es responsabilidad del OIJ la protección de Joao Maldonado, quien junto con su esposa fue atacado a balazos por desconocidos el pasado 10 de enero.
“Lo importante es aclarar que OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de los ciudadanos nicaragüenses”, dijo Brenes y explicó que la protección estaba a cargo del Ministerio Público.
Denuncian actuar del Gobierno de Chaves
El Partido de los Trabajadores de Costa Rica, a través de un pronunciamiento divulgado en su sitio web, además de denunciar el «atentado extraterritorial de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo» contra los nicaragüenses Joao Maldonado y Nadia Robleto, señaló al Gobierno de Rodrigo Chaves de no tener intensión de hacer «nada por esclarecer este atentado contra la vida de estas personas», argumentando que la Administración costarricense «se ha posicionado en respaldo» a la dictadura orteguista.
También, denunciaron que Chaves «ha aplicado una serie de medidas antimigrantes, que contribuyen a la persecución política y al ambiente de hostilidad y xenofobia contra este sector de la población».
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«El Gobierno de Rodrigo Chaves no garantiza la seguridad de las personas refugiadas políticas como es su obligación según el derecho internacional, debilitando el estatuto del asilo político como derecho humano fundamental», agregaron.
El Partido de los Trabajadores de Costa Rica exigió, a través de su misiva, «una investigación profunda de este atentado, y de todas las demás denuncias de personas refugiadas que son tomadas como ´delincuencia común´» y demandó que «se garantice un verdadero sistema de protección de quienes se buscan refugiar de las garras de la sanguinaria dictadura de Ortega».
La agrupación política valoró que, ante un hecho de tanta gravedad, el Gobierno costarricense «debe romper relaciones diplomáticas con el Gobierno nicaragüense de manera inmediata».
El caso
El 11 de enero, la Presidencia de Costa Rica emitió un comunicado donde aseguraban que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) “no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona”.
“El Gobierno de Costa Rica garantiza la seguridad de toda la ciudadanía, incluyendo aquellos en condición de refugiados y solicitantes”, se leía también en el comunicado.
Maldonado recibió siete disparos, según la versión del OIJ, y su pareja Nadia Robleto, de 36 años, “presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de su cabeza”.
