En medio de la alegría por la salida de los sacerdotes de la Iglesia católica de las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega, organizaciones opositoras han calificado que esta excarcelación no es ningún triunfo, sino el cambio de una arbitrariedad por otra: la vida fuera de la prisión por el destierro.
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En un pronunciamiento conjunto sobre la excarcelación y destierro de monseñor Rolando Álvarez, junto a 18 religiosos más de Nicaragua, los opositores señalan que “esta acción de destierro impuesto se traduce en una pena grave, que constituye según el derecho internacional un delito de lesa humanidad”.
La opositora y miembro del Espacio de Diálogo y Confluencia, una de las organizaciones firmantes del pronunciamiento, Haydeé Castillo, pidió a la comunidad internacional y al pueblo nicaragüense no naturalizar este destierro y recordó que la Constitución Política de Nicaragua establece que todo ciudadano tiene derecho a permanecer en libertad en el país.
“Esta no es una liberación, este es un destierro y por tanto una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, como lo dice el Tratado de Roma”, manifestó Castillo.
“Es un error celebrar como una liberación”
Uno de los firmantes del pronunciamiento, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, dijo que en el escrito reconocen que es un “triunfo” del pueblo nicaragüense y sus organizaciones, porque mantuvieron todo tipo de presión y nunca dejaron solos a los presos políticos y a su Iglesia, pero insistió en que “el exilio forzado es también una pena ilegal catalogada como delito internacional”. También dijo que este destierro de sacerdotes significa que la Iglesia católica de Nicaragua se está quedando sin pastores.
“Una iglesia sin pastores es una continuidad de la persecución religiosa al afectar el derecho al culto de los sacerdotes y de los laicos a quienes ellos atendían. Todos nos alegramos porque salieron de las cárceles, pero es un error que la gente solo celebre como una liberación cuando estamos frente a graves violaciones de derechos humanos y nueva forma de persecución religiosa”, manifestó el opositor.
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En el pronunciamiento, los opositores destacan la responsabilidad de la comunidad internacional de abordar y prevenir los delitos de lesa humanidad, como el destierro forzado.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para que asuman su responsabilidad de abordar y prevenir los delitos de lesa humanidad, como el destierro forzado, que vulnera los derechos humanos por los cuales seguiremos abogando como parte de las luchas en favor de la libertad plena de los y las nicaragüenses”, expresa el escrito.
Organizaciones firmantes
Las organizaciones que firman el pronunciamiento son: Alianza Cívica, Espacio de Diálogo y Confluencia, Movimiento Campesino Anticanal, Movimiento Estudiantil Apoyo a la Democracia, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, y la Unión Nicaragüense Autoconvocada (UNA).
La organización opositora Monteverde también emitió un pronunciamiento que al igual que los otros grupos señala que este “alivio se ve empañado por la realidad de su destierro forzado, impuesto por la dictadura sandinista y la persistente represión que enfrentan numerosos ciudadanos en Nicaragua”.
“Estos actos contra líderes religiosos destacan la alarmante falta de libertad de culto y expresión en el país, situaciones que constituyen flagrantes violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales”, expresa el grupo.
El vocero de Monteverde, Juan Sebastián Chamorro, también abogó por los 90 presos políticos que todavía quedan en las cárceles de la dictadura orteguista.
“Debemos redoblar nuestros esfuerzos por la pronta, absoluta y definitiva liberación de todos y cada uno de los presos políticos que todavía se encuentran en Nicaragua”, manifestó Chamorro en un video.
“Exilio forzado no es una solución justa”
Monteverde además exige en el comunicado el derecho de los nicaragüenses a permanecer en su patria.
“El exilio forzado no es una solución justa; es una extensión de la injusticia y una violación adicional a los derechos humanos”, manifiesta el escrito.
En los últimos años, el dictador Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, han radicalizado sus ataques contra la Iglesia católica, encarcelando sacerdotes y prohibiendo todas las actividades religiosas fuera de los templos. Particularmente en 2023, en Semana Santa, la Policía orteguista persiguió a los participantes de las procesiones tradicionales, entre estas, la recreación de la Pasión de Cristo.
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La guerra de la dictadura de Ortega contra la Iglesia católica lo llevó a suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras una crítica del papa Francisco por la detención de sacerdotes en Nicaragua.