La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo desterró a Roma a los religiosos —incluidos dos obispos, monseñores, sacerdotes y seminaristas—, que mantenía encarcelados en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro mejor conocido como La Modelo, sino que también a los sacerdotes Óscar José Escoto y Jader Guido, vicarios de la Diócesis de Matagalpa.
Los sacerdotes Escoto, vicario general de la Diócesis de Matagalpa, y Guido, segundo vicario Parroquia San Pedro Apóstol, habían sido secuestrados en diciembre del 2023, en el contexto de Navidad, pero posteriormente fueron puestos en libertad, aunque permanecían bajo permanente vigilancia.
De acuerdo con el exfuncionario del poder judicial y experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, ambos sacerdotes fueron trasladados por oficiales de la Policía orteguista desde Matagalpa hasta el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. «Matagalpa queda sin autoridades eclesiásticas», denunció.
La opositora Haydeé Castillo detalló que los vicarios fueron «secuestrados nuevamente de la Curia y Seminario de Matagalpa, respectivamente, el sábado en la madrugada, para luego desterrarlos junto a monseñor Álvarez».
Denunció que la «Iglesia en Matagalpa (está) totalmente descabezada».
Faltó un seminarista
En la lista que divulgó el régimen orteguista aparecen los nombres de los vicarios. Cabe mencionar, que de acuerdo con el conteo que llevaba la abogada y autora del informe Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina, hasta el 2 de enero, el número de seminaristas eran tres, pero solo figuraron dos, el nombre de Francisco Castilblanco faltó.
Molina denunció en los primeros días de enero que Castilblanco, de la Diócesis de Jinotega, fue secuestrado por oficiales de la Policía orteguista y paramilitares.
«Se desconoce su paradero y no existe acusación formal en su contra», indicó en ese momento la abogada desde su cuenta oficial de la red social X.
La dictadura a través de un comunicado informó que fueron enviados a Roma un total de 19 religiosos nicaragüenses —dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas—, después de haber tenido coordinaciones «respetuosas y discreta» con la Santa Sede.
Destierro violenta los derechos humanos
Aunque la noticia ha sido celebrada por los nicaragüenses, opositores y defensores de derechos humanos reprochan que la dictadura orteguista con el destierro sigue violentando los derechos de los connacionales.
Lea aquí: Régimen confirma destierro a Roma de monseñor Rolando Álvarez y otros 18 religiosos
Antonia Urrejola, excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y excanciller de Chile, apuntó que «lo triste de esto es que una se alegra de verlos libres. Pero el destierro no es una solución. Debiesen estar libres en su país como tantos y tantas nicaragüenses en el exilio. El régimen Ortega-Murillo no tiene límites».
En declaraciones dadas a LA PRENSA el jurista y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, denunció que el régimen sin duda busca amedrentar a la población y por otra parte el destierro obedece «a un desplazamiento forzado, sin un marco legal existente porque han agarrado a las personas y las han expulsado del país, lo que es incompatible con el Derecho Internacional por prohibir y coaccionar para que una persona no esté en el lugar en el cual tiene derecho legalmente de estar. Si es nicaragüense tiene derecho de estar en Nicaragua».
Le puede interesar: Excarcelación y destierro: el patrón represivo ejecutado por la dictadura orteguista en Nicaragua
En un comunicado conjunto emitido por organizaciones civiles y política de Nicaragua se condenó que el régimen «continúa con su plan totalitario para desarticular la Iglesia católica. Ya ha desterrado a 36 sacerdotes, además de expulsar a decenas de otros religiosos, así como igualmente ha impedido el reingreso de otros al país».
A pesar de que expresaron que les alegra verlos fuera de las cárceles de la dictadura, denunciaron que «nuevamente se hace evidente, que esta acción de destierro impuesto, se traduce en una pena grave, que constituye según el derecho internacional un delito de lesa humanidad».
Por ello indicaron que la «comunidad internacional tiene la responsabilidad de abordar y prevenir los delitos de lesa humanidad, como el destierro forzado, vulnerando los derechos por los cuales seguiremos abogando como parte de las luchas en favor de la libertad plena de los y las nicaragüenses».
Los vicarios de la Diócesis de Matagalpa
Tras el encarcelamiento del obispo de la Diócesis de Matagalpa, el vicario general Escoto quedó a cargo de dicha jurisdicción. La noche del jueves 21 de diciembre del 2023 que monseñor Escoto había sido secuestrado por primera vez y doce horas después fue liberado, posteriormente fue secuestrado otra vez en horas de la noche del viernes 22 de diciembre y de nuevo fue dejado en libertad.
Lea detalles en: Dictadura secuestra por segunda vez al vicario general de la Diócesis de Matagalpa
En 2021 el padre Escoto fue nombrado vicario general de la Diócesis de Matagalpa, el nombramiento fue dado debido a que monseñor Isidoro Mora, quien era el vicario, fue consagrado obispo y tomó posesión en la Diócesis de Siuna, Costa Caribe Norte.
Monseñor Escoto fue el único dejado en libertad cuando trasladaron a Managua a todos los sacerdotes de la Curia Episcopal de Matagalpa que acompañaban a monseñor Álvarez y que fueron capturados violentamente después de un allanamiento que hiciera la Policía la madrugada del 19 de agosto del 2022.
Lea más en: Dictadura libera al segundo vicario de la Diócesis de Matagalpa
El 24 de diciembre de 2023, en horas de la mañana, la dictadura ordenó el secuestro del sacerdote Jader Guido, segundo vicario de la Catedral San Pedro Apóstol, a quien dejó en libertad esa misma noche.
Al empezar la misa del 24 de diciembre en la mañana, el padre mencionó las intenciones del rito litúrgico y expresó que estaba «en rogación por nuestro obispo monseñor Rolando Álvarez, por todo los sacerdotes, religiosos y religiosas de nuestra Diócesis».
El padre Guido había quedado a cargo de la Catedral San Pedro Apóstol debido a que el primer vicario, sacerdote José Luis Díaz Cruz, y el tercer vicario, padre Sadiel Eugarrios Cano, estuvieron presos y fueron parte del grupo de 222 nicaragüenses a los que el régimen orteguista despojó de la nacionalidad y desterró a Estados Unidos, el pasado 9 de febrero.
