Nicaragua cerró el 2023 con nuevas formas de represión, ataques y amenazas a la libertad de prensa entre las que destacan: destierro, confiscaciones, detenciones ilegales, acoso y vigilancia a las familias de periodistas, de acuerdo con el informe anual 2023 de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y Red Regional Voces del Sur (VDS).
En el documento se sistematizan los casos de violaciones a la libertad de prensa reportados en cuatro informes trimestrales.
“Es necesario tener en cuenta que durante los últimos 12 meses ha predominado la autocensura y el silencio entre las víctimas, ambas posturas tienen como objetivo evitar represalias y una mayor escalada de los ataques”, señala el informe.
El informe confirma que el ejercicio del periodismo independiente continúa bajo ataque, es perseguido y criminalizado. Nicaragua no muestra avances en torno a la libertad de expresión, libertad de prensa y el acceso a la información pública y más bien se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para ejercer periodismo en la región centroamericana.
De acuerdo con los datos presentados en el informe, durante el 2023 al menos 36 periodistas fueron forzados a exiliarse, con lo que se contabilizan 242 profesionales que han abandonado Nicaragua desde 2018.
Reportan 86 ataques. El total de casos fue registrado en contra de 64 víctimas, de las cuales 22 son del género femenino y 42 personas del género masculino. También figuran entre las víctimas 2 radios comunitarias en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) cerradas en septiembre pasado.
El 97.7 por ciento de las violaciones a la libertad de prensa en el 2023 se produjeron en contra de personas naturales y el 2.3 por ciento sobre personas jurídicas.
El Estado sigue figurando como el principal agresor de la prensa independiente, siendo el responsable de 52 agresiones, lo que representa el 60.6 por ciento de los 86 casos documentados; seguido de los grupos paraestatales con 26 agresiones, para un 30.2 por ciento. En tercero y cuarto lugar identificamos a los agentes no estatales y los no identificados con 2 casos cada uno, ambos grupos alcanzan en total el 9.2 por ciento de las agresiones.
“Hacemos notar, nuestra preocupación por el silencio —ante violaciones a las libertades fundamentales— que se ha instaurado en Nicaragua, consideramos que es la viva muestra del terror que ha infundido el Estado para disminuir las denuncias nacionales e internacionales en su contra. De igual modo un intento de aniquilar el periodismo de calidad”, remarca el documento.
