LA PRENSA informó el viernes de la semana pasada (5 de enero de 2024), que el presidente del poder legislativo del régimen insinuó en un discurso de “rendición de cuentas” que la asignación anual del 6 por ciento del Presupuesto General de la República a las universidades, podría ser eliminada.
El régimen ya ha modificado en perjuicio del poder judicial y los gobiernos municipales, las disposiciones constitucional y legal que garantizaban la asignación del 4 por ciento anual del presupuesto general de la República para la administración de justicia y del 8 por ciento para los municipios.
Sin entrar a consideraciones sobre políticas económicas presupuestarias, debemos recordar que en Nicaragua la asignación fija de una partida del presupuesto nacional para las universidades públicas comenzó en 1966, con el 2 por ciento anual, hasta llegar al 6 por ciento en 1990. Lo cual se estableció precisamente para garantizar la autonomía universitaria.
El sentido de la autonomía universitaria es que la sociedad se beneficia más de la universidad cuando esta es libre de la injerencia o manipulación del poder político. Y esto únicamente puede ser posible si la universidad tiene garantizado un financiamiento que no esté sujeto a los vaivenes de la política y los caprichos e intereses particulares de los políticos.
El humanista científico alemán del siglo 19, Wilhelm Alexander Humboldt, pionero de la autonomía universitaria en su país y el mundo, enunció que “el desarrollo del conocimiento, el avance científico y tecnológico, así como la innovación social y cultural requieren condiciones de libertad para otorgarle a la sociedad sus mejores propuestas”.
Pero no hay libertad universitaria, con todo lo que significa, sin autonomía funcional e independencia económica. “La autonomía universitaria es el valor esencial de la universidad –señala la estudiosa costarricense Ivette Campos M. en un ensayo académico– por lo que no puede ser objeto de negociación en la estructuración de juegos de poder; esto por cuanto la función de pensar, discutir y la de construir el conocimiento debe hacerse autónomamente.” Y precisa la experta que “los recursos económicos constituyen la condición básica para el proceso de institucionalización de la idea de universidad. Si se aporta menos de lo deseable, comienza la extinción de la universidad. La total dependencia a este respecto, atenta contra su espíritu y pone en peligro su autonomía.”
Por su parte el enciclopedista ecuatoriano Rodrigo Borja nos recuerda que “la historia de la humanidad ha sido forjada por el pensamiento universitario y por las decisiones políticas que, bajo su inspiración, han tomado los hombres de Estado.” De manera que la autonomía universitaria sigue siendo tan importante y necesaria como cuando se estableció con garantía constitucional.
Inclusive tal vez más que antes, pues como indica el mismo Borja “el gran reto de la universidad de este siglo es asumir el futuro con firmeza, reconciliar la ciencia con la ética y levantar su pensamiento y su voz tutelares, en medio del desconcierto general, la degradación de valores, el galope de las injusticias, el desencanto de la postmodernidad, la subcultura de las imágenes televisuales y la presencia de la video-política, para conducir a la humanidad hacia el encuentro del rumbo perdido.”
Por supuesto que la autonomía universitaria como condición de una enseñanza libre y creativa, acorde con las necesidades sociales y el progreso humano, no es posible en los países de sistemas político cerrados, autoritarios y represivos. Solo es posible si hay libertad y democracia, lo cual no es el caso de Nicaragua donde la autonomía universitaria ha desaparecido, o mejor dicho la han liquidado.
