El año 2023 cerró con una recrudecida represión, particularmente contra la Iglesia católica, pues varios sacerdotes y otro obispo fueron encarcelados.
Muchas personas se preguntan por qué ocurre eso, si la Iglesia católica ha permanecido callada sin decir nada que el régimen pudiera tomarlo como un desafío de poder. ¿Será por odio ideológico a la Iglesia o rencor porque esta se puso del lado de la gente en la rebelión del 2018 contra el régimen? ¿O acaso es parte de un plan para someter a los obispos, sacerdotes y demás estamentos de la Iglesia católica?
Algunos analistas políticos y activistas opositores suelen decir que este régimen no da puntada sin hilo, o sea que hace todo con una intención determinada o un plan preconcebido.
Al respecto, personas que se precian de estar bien informadas de los asuntos de la Iglesia católica hablan sottovoce de que existe un plan del régimen detrás de la nueva ola represiva contra la institución eclesiástica. Supuestamente el plan consiste en presionar al Vaticano para que haga algunos cambios en la jerarquía católica de Nicaragua, de interés para el Gobierno, a cambio de cesar la represión y normalizar en un punto mínimo las relaciones del Estado con la Iglesia.
Se dice que el cardenal Leopoldo Brenes cumplirá 75 años de edad en marzo de 2024 y, por lo tanto, de acuerdo con el Código Canónico debe renunciar y poner el cargo de arzobispo de Managua a disposición del papa Francisco. Al régimen le interesaría que Brenes sea sustituido con un nuevo obispo de su agrado, alguno que no se hubiera enfrentado directamente al poder político del Estado. Además, la presión sería para que los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez sean sustituidos con otros del agrado del régimen.
Esto sería parecido al modelo de las relaciones de China con el Vaticano, que desde 2018 tienen el acuerdo de que los obispos son nombrados por el régimen chino, pero con el visto bueno o la aceptación de la Iglesia de Roma.
Con este acuerdo se ha mejorado la relación entre la Iglesia católica y China, que ha sido muy áspera desde los años cincuenta del siglo pasado. Desde entonces el régimen comunista trató de controlar a la Iglesia católica, pero al menos la mitad de los creyentes se ha mantenido fiel a Roma como una especie de Iglesia clandestina, perseguida por el régimen.
Durante la época más cruda de la persecución comunista contra la Iglesia, un obispo que fue nombrado por el papa como prefecto apostólico regional, monseñor Tarcisio Molina, fue encarcelado, condenado a cadena perpetua y murió en la cárcel en 1961. Muchos otros sacerdotes y religiosas fueron expulsados del país o encarcelados, bajo la acusación de traición a la patria y conspiración.
Por cierto que el acuerdo del régimen chino con el Vaticano sobre el nombramiento de los obispos expirará el próximo año, pero se anticipa una negociación para renovarlo porque va en interés de las dos partes.
En cuanto a Nicaragua, cabe recordar que en 1862 se estableció un concordato del gobierno con el Estado Vaticano, que tiene carácter de tratado internacional y conserva su vigencia, salvo en aquellos aspectos derogados de hecho por los sucesivos textos constitucionales.
La personería jurídica de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se funda en ese concordato, que además, en cuanto a nombramiento de obispos dice textualmente en su Artículo X: “La Santa Sede, en ejercicio de su propio derecho, erigirá nuevas diócesis, i hará nuevas circunscripciones de ellas, según lo requiera la necesidad i la utilidad de los fieles; sin embargo, llegado el caso, procederá de acuerdo con el Gobierno de Nicaragua”.
Tendría sentido, pues, que el régimen de Nicaragua que ahora se identifica tanto con el de China, quisiera copiar su modelo de acuerdo y relaciones con la Iglesia católica. Al fin y al cabo con la hostilidad permanente hacia la Iglesia católica el régimen nicaragüense paga un costo político que seguramente le convendría dejar de pagarlo.
