El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, justificó el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega, en su discurso de cierre de año en la sesión especial del Legislativo, este viernes 15 de diciembre de 2023.
El pasado 9 de febrero, en una sesión extraordinaria convocada de emergencia, la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, aprobó una «reforma exprés» al artículo 21 de la Carta Magna, para despojar de la nacionalidad nicaragüense a los «traidores a la patria». Ese mismo día, 222 presos políticos fueron excarcelados, desnacionalizados y enviados a Estados Unidos.
Días después fueron desnacionalizados 94 opositores más, la mayoría en el exilio. En Nicaragua, todo el que critique o se oponga al régimen orteguista está en riesgo de ser encarcelado, despatriado o desnacionalizado.
En referencia a esa reforma, Porras, quien es un leal a la dictadura de Ortega y su esposa Rosario Murillo, inicialmente reconoció que antes nunca se podía perder la nacionalidad nicaragüense si se nacía en Nicaragua, pero dijo que eso cambió porque «una serie de individuos hicieron traición a la patria».
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«Alguien que comete el delito de traición a la patria en cuanto es sentenciado como traidor a la patria, inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense, es lo menos. Seguro que somos antidemocráticos, que somos cualquier cosa, pero hay países de esos muy democráticos que los fusilan, en otros países los fusilan, los ejemplos de traición a la patria los fusilan. Nosotros simplemente: Mirá no podés ser nicaragüense, andate, vivís renegando, andate. Esa es una de las reformas», dijo Porras.
Dice que universidades canceladas eran de «garaje»
El presidente de la Asamblea también se refirió a la cancelación de las universidades privadas, algunas de gran prestigio y reconocimiento internacional, pero Porras dijo que fueron canceladas porque eran «universidades de mentira, de garaje».
«Una de las cosas que hicimos fue crear tres universidades nacionales, para absorber todas universidades privadas que simplemente eran negocios», manifestó Porras.
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En los últimos dos años, la dictadura Ortega Murillo ha cancelado y confiscado al menos 28 universidades privadas, por la participación de sus estudiantes en las protestas estudiantiles de 2018. Tras robar y saquear las instalaciones de la mayoría, les ha cambiado el nombre y las ha puesto bajo su control.
El caso más emblemático fue la confiscación y cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución con prestigio internacional, fundada en los años sesenta por la orden religiosa Compañía de Jesús. La dictadura se tomó el complejo de la UCA y lo renombró como Universidad Casimiro Sotelo, pero aún no ha podido reanudar las clases.
Decenas de estudiantes universitarios no han podido continuar sus carreras o han tenido que salir del país por la cancelación de las universidades privadas, ante la negativa de aceptarlos en otras universidades del país o por la persecución del régimen orteguista.
En dos años, la dictadura ha ordenado reformas a las leyes que rigen la educación superior en el país, para quitarles autonomía y controlar todo el actuar de las universidades privadas y públicas a través del poder que le ha dado al Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Porras justificó todas las reformas constitucionales y enmiendas a las leyes, como parte de una reforma estructural para terminar de eliminar el sistema neoliberal que impusieron los gobiernos anteriores. El régimen de Ortega lleva más de 16 años en el poder, y él y sus funcionarios todavía siguen culpando a los gobiernos anteriores de los problemas del país.
En la sesión especial estuvieron presentes como invitados el canciller Denis Moncada, magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), la fiscal general Ana Julia Guido, el general de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua; el ministro asesor de la Presidencia para Asuntos de Seguridad de la Policía Nacional, comisionado en retiro Horacio Rocha; y otros ministros y asesores de diferentes instituciones del Estado. No fue mencionado ningún representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una institución de la que fueron despedidos decenas de empleados este año y su presidenta, Alba Luz Ramos, fue apartada del cargo y se mantiene en su casa bajo vigilancia policial.
