El régimen de Nicaragua comenzó la táctica del destierro de personas opositoras a su gestión el 9 de febrero 2023 con una extensa lista de 222 personas que estaban como presas y presos políticos, no obstante, la lista se ha extendido con el pasar del tiempo y ha ocasionado inestabilidad migratoria, emocional, económica y social en cada uno de ellos.
El periodista y director de la plataforma Fuentes Confiables, Marcos Medina, fue impedido de ingresar a Nicaragua en julio pasado, junto a su esposa e hija, menor de edad.
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Medina forma parte de la nueva lista de desterrados. La nueva ola presenta una táctica diferente, a los implicados se les ha permitido salir del país sin complicaciones, haciéndoles creer que existe una aparente normalidad y cero represalias en contra de ellos. Sin embargo, cuando intentan regresar a Nicaragua son notificados oficialmente que no pueden entrar al país; es ahí cuando empieza la odisea del destierro.
“Ha sido una situación que ha dejado en serias complicaciones a mi familia en el sentido de que cuando a nosotros se nos niega la entrada, nos dejan sin una vivienda donde estar, nos dejan sin acceso a un trabajo y sin recursos económicos con los que nosotros podamos enfrentar una nueva vida acá en Estados Unidos. A eso sumémosle el tema de la documentación legal requerida para trabajar aquí”, relató Medina a LA PRENSA.
Medina relata que otra de las complicaciones, en el caso de su familia, fue al momento de legalizar el estatus migratorio en Estados Unidos.
“Nosotros en el caso de mi familia nos hemos acogido a un asilo político por la evidencia que tenemos para demostrar que somos perseguidos por el régimen de Daniel Ortega, sin embargo, la legalización o el estatus que nos permitiría empezar a buscar trabajo o ingresar al mercado laboral norteamericano se tarda y esto deriva por supuesto en complicaciones para el pago de renta, para el pago de alimentación, para el pago también de otros gastos básicos que puede tener cualquier familia”, describe.
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Para los desterrados la situación se vuelve más compleja cuando no tienen apoyo de nadie en un país desconocido.
“Para hacerle frente a esta situación son clave las redes de apoyo y aquí la comunidad nicaragüense exiliada o residente en EE. UU. es clave. En muchas ocasiones hay contactos y hay organizaciones que te ayudan con la materia legal, que es uno de los principales gastos que uno incurre al momento de buscar un nuevo estatus legal acá en EE. UU”, detalló.
Otros nicaragüenses durante su aviso de destierro han quedado varados en países de Europa, Costa Rica, Colombia y México, tal es el caso más reciente la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti y su hija, quienes después del triunfo de Sheynnis Palacios como Miss Universo, al llegar a Managua fueron regresadas al país azteca.
Quebranto al derecho internacional
El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) Danny Ramírez-Ayérdiz explicó que como organismo han observado las conductas generadas por el destierro, desde que empezó la medida porque genera un impacto en todas las dimensiones en las personas que no se les permite volver al territorio.
“Estas personas al ser nicaragüenses en arreglo con el derecho internacional tienen el derecho de la protección del Estado de los que son nacionales y el Estado, en este caso nicaragüense, tiene el deber de garantizar esa protección. Entonces ahí empieza un enorme quebranto del derecho internacional porque los estados no están facultados para no dejar entrar a sus propios nacionales”, explicó a LA PRENSA.
Los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, establecen que las personas tienen la libertad de circular por sus países, de salir y entrar y tienen derecho a fijar su residencia donde quieran.
Para el defensor más que un limbo jurídico, los desterrados son víctimas de una grave situación de derecho internacional.
“¿Por qué? Porque la negación de ingreso a tu propio país es un crimen de lesa humanidad. Hace parte de dos cosas, de la persecución en términos políticos que el régimen ejerce contra la población civil, pero por otro lado es parte del crimen de lesa humanidad que está caracterizado como desplazamiento forzado. En el aspecto específico de lo migratorio, pues estas personas quedan a merced de los países que los quieran recibir”, subrayó Ayerdis.
Por otro lado, estas personas sufren cuestiones de carestía, al ubicarse en otros países por la fuerza, “lo que sucede es que perdieron sus proyectos de vida, sus propiedades, el apego sociocultural que existe hacia las comunidades donde uno vive”.
“Todo eso genera un impacto tremendo en las personas y yo creo que todas esas circunstancias hacen parte de un mismo patrón que el Estado es consciente de que busca expulsar lo más que pueda a la mayor cantidad de nicaragüenses posibles. Esto no es un efecto aleatorio, esto no es algo que sucede de manera colateral, es un plan consciente del Estado de Nicaragua de generar terror, de generar dolor y de generar toda forma de sufrimiento a tantas personas como sean posible”, enfatiza.
La migración forzada produce una serie de consecuencias en el cuerpo y en la salud en personas de todas las edades, que, con el tiempo, si no son llevadas con seguimiento profesional traerán consecuencias a futuro.
Aerolíneas como voceras
La mayoría de los nuevos destierros en Nicaragua no son notificados oficialmente por la dictadura, si no que utilizan a las aerolíneas para hacer llegar la noticia.
“A mí quien me da la cara es un representante de la aerolínea Spirit quien me comunica que por orientaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua se nos niega el retorno a nuestro país”, contó Marcos Medina, quien antes del exilio laborada para Radio Corporación.
Para el periodista las aerolíneas están siendo cómplices de estas acciones, “porque ellos desde un principio conocen el listado de las personas que el régimen no permite entrar, hay una comunicación fluida con Migración y Extranjería me atrevería a decir y ellos son los que reciben los reclamos por la negación del abordaje y por supuesto por el destierro que hace el régimen de Daniel Ortega contra todos los nicaragüenses”, denuncia.