A juzgar por las publicaciones en los medios independientes ha sido impactante la aprobación de una ley para recortar las indemnizaciones por antigüedad laboral a los empleados del sector público, los cuales, por la hipertrofia del Estado, son una inmensa cantidad de personas.
Al respecto cabe recordar que cuando don Enrique Bolaños Geyer entregó la Presidencia de la República a Daniel Ortega, el 10 de enero de 2007, la planilla del Estado era de un poco más de 39,000 personas. Pero ya en 2020 había aumentado a unos 170 mil, un 334 por ciento más según los estadísticos, y ahora la cantidad tiene que ser mayor.
Esta enorme masa de personas será perjudicada por la denominada “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, aprobada por el régimen el jueves 23 de noviembre.
De acuerdo con la nueva tabla de indemnizaciones que se establece en esta ley, quienes hayan trabajado de 3 a 10 años continuos y renuncien, recibirán una indemnización por antigüedad equivalente a un mes de salario. Los que sumen de 10 a 15 años de trabajo cobrarán el equivalente a 2 meses de su sueldo. Y a quienes hubieran laborado de 15 a 20 años el Estado les reconocerá 3 meses de sueldo como liquidación. Además, solo aquellos que hubieran trabajado 20 años seguidos para el sector público obtendrán un pago equivalente a cinco meses de su salario. Este último es el mismo beneficio al que antes de esta ley podía optar cualquier trabajador público con solo seis años seguidos de trabajo.
Hay que destacar que la iniciativa de esta ley, contraria a los intereses de los trabajadores, fue presentada en la Asamblea Nacional por los sindicalistas que pertenecen al FSLN, el partido de gobierno. O sea que quienes están obligados —supuestamente— a velar por los intereses de los trabajadores, son los encargados de apuñalarlos. Evidentemente, para los sindicalistas oficialistas el interés de su partido y del Estado está por encima del de los trabajadores que están afiliados obligatoriamente a sus sindicatos.
En la información de LA PRENSA sobre este asunto, publicada el lunes 27 de noviembre, se cita a un especialista en derecho laboral que pidió omitir su nombre por temor a represalias. “En otros tiempos —dijo el laboralista consultado—, durante las administraciones que los sandinistas describen como gobiernos neoliberales, con solo conocer esta iniciativa de ley el país estaría paralizado, los sindicatos jamás habrían permitido este retroceso. Por decisiones menos relevantes paralizaron e incendiaron el país muchas veces”.
Es verdad. Los sindicalistas sandinistas rechazaban ferozmente y de manera intransigente cualquier medida salarial y de otro tipo que afectara a los trabajadores. Antonio Lacayo, quien fuera ministro de la presidencia de doña Violeta Barrios de Chamorro, lo escribió en su libro histórico La difícil transición de Nicaragua. En el gobierno con doña Violeta. Por ejemplo, en el capítulo titulado Las asonadas de mayo y julio, recuerda que “los 60 mil empleados públicos agrupados en la Unión Nacional de Empleados (UNE), una de las tantas ‘organizaciones de masas’ que conformaban el FSLN, no aceptaban el 60 por ciento de aumento salarial que el Gobierno había anunciado para ellos… Pretendían 200 por ciento…” Y para obligar por la fuerza que fuera aceptada su desproporcionada demanda, paralizaron e incendiaron el país.
Lo hicieron varias veces, ejecutando la estrategia sandinista de “gobernar desde abajo”, inclusive con la intención de derrocar a doña Violeta y después a los otros dos gobiernos democráticos.
Pero ahora, aquellos mismos sindicalistas demuestran una asombrosa mansedumbre ante las medidas estatales que perjudican a los trabajadores que ellos representan o más bien dicen representar.
