A pocos días de que oficialmente Nicaragua quede fuera de la OEA surge la idea de que su renuncia a ese foro obstaculizará el acceso a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, la renuncia a ese foro político no afectará la relación, que además está quebrantada desde el estallido de la crisis sociopolítica y desde 2019 ha impedido la renovación de la estrategia país, que es requisito indispensable para la aprobación de nuevos créditos. Daniel Ortega no ha logrado que la renueven, a pesar que la ha pedido y alega que es un derecho porque el país está al día con sus aportes.
Nicaragua es uno de los 19 países de América Latina que, en 1959, en alianza con Estados Unidos fundaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y aunque la sección 11 de los estatutos actuales del banco establece que “cualquier país miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) podrá solicitar su membresía en el banco presentando una solicitud formal”, la permanencia no está vinculada a la relación que mantengan con la OEA.
Un portavoz del BID confirmó a LA PRENSA que “la membresía de un país en el BID no está sujeta a una membresía vigente en la OEA”.
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Ortega renunció a la OEA en 2021
El 19 de noviembre de 2023 se cumplen dos años desde que Daniel Ortega dio por terminado su vinculo con la OEA y a partir de esa fecha Nicaragua dejará de ser miembro del organismo. Ortega tomó esta decisión en noviembre de 2021, después que el organismo declaró ilegítimas las votaciones de noviembre de 2021.
En dicho proceso Ortega aseguró su tercera reelección para un cuarto periodo consecutivo, mientras seis aspirantes a la candidatura presidencial y gran parte de los dirigentes de la oposición y del sector empresarial permanecían encarcelados.
El rechazo al proceso electoral de 2021 se sumó a múltiples resoluciones de condenada emitidas por la OEA desde el estallido social de 2018 en el que según organismos especializados la represión gubernamental provocó más de 350 asesinatos, cientos de encarcelados y miles de exiliados. Además de renunciar al organismo, en abril de 2022, Ortega expulsó a los representantes de de la OEA y confiscó el edificio donde funcionaban sus oficinas en Managua.
Préstamos del BID se incrementaron
Aunque la salida de la OEA no afecta la relación con el BID, a criterio de economistas la relación con el banco ya está dañada. Atribuyen ese deterioro al gran peso que tiene Estados Unidos en las decisiones de la entidad, por ser dueño del 30 por ciento del poder de voto. Los otros grandes accionistas son Brasil y Argentina con el 11.35 por ciento de poder de votos cada uno, y México con el 7.29 por ciento.
El resto de países tienen pesos menores; Nicaragua es dueña de 64,649 acciones y tiene 0.456 por ciento del total de votos. Además, la Ley Renacer y la Nica Act también obstaculizan la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos.
“Entendería que la salida de la OEA debería afectar. Aunque para efectos prácticos ese impacto ya se dio, independientemente de si Nicaragua estaba o no en la OEA”, dice un economista que por temor a represalias solicita anonimato.
Pese a ese deterioro de la relación, el Presupuesto General de la República de 2024 incorpora 2,819 millones de córdobas (unos 78.32 millones de dólares) procedentes de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con estos recursos planean financiar 31 proyectos, en su gran mayoría relacionados con la construcción y equipamiento de infraestructura de servicios de salud.
El monto de 2024 es 7 por ciento superior con respecto a los 2,638 millones de córdobas (73.28 millones de dólares) que le prestaron a Nicaragua en 2017 para financiar 39 proyectos y también incluye fondos aprobados en el marco de la pandemia en el 2020.
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Las donaciones se redujeron
Pero eso no es todo, en el Presupuesto 2024 también incluyeron una donación del BID por 228 millones de córdobas (unos 6.35 millones de dólares) para la construcción de una estación geotermoeléctrica en el volcán Cosigüina. En este caso, la donación es 24 por ciento menor con respecto a los 301 millones (unos 8.2 millones de dólares) que entregaron en 2017 para financiar diez proyectos, en su mayoría relacionados con la red comunitaria y educación en salud.
En general, entre préstamos y donaciones en 2024 el BID le entregará a Ortega 3,047 millones de córdobas (unos 84 millones de dólares), monto superior a los 2,939 millones que le entregó en 2017. Pero según el economista estos recursos son de contratos pactados antes del estallido de la crisis sociopolítica de 2018 y los fondos de emergencia para atender la pandemia. “Lo cierto es que el BID no está aprobando nuevos préstamos a Nicaragua desde el inicio de la crisis. Solo desembolsa sobre lo que está contratado y apoyo humanitario”, asegura el economista.
La paralización de la aprobación de nuevos financiamientos obedece a que la estrategia país con la que se trabajó anteriormente fue para el periodo 2012-2017 y según las reglas del banco solo puede ampliarse por un año. Es decir, que siguió vigente hasta 2018, pero desde ese año ha sido imposible aprobar una nueva.
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Desde 2019 sin estrategia del BID
“Aunque no existe una Estrategia de País desde 2019, el BID mantiene un diálogo técnico permanente con Nicaragua a través de la ejecución de proyectos de la cartera”, se lee en el perfil de la representación del BID en Nicaragua publicado en el sitio web del organismo.
En el perfil de Nicaragua el banco también detalla que “es un socio estratégico para los territorios y poblaciones vulnerables de Nicaragua”. La cartera activa con el país incluye siete operaciones por un total de 464 millones de dólares, y 25 proyectos de cooperación técnica por un valor de 14.4 millones de dólares, enfocados en mejorar el acceso y la calidad de los servicios en salud, agua y saneamiento, energía, transporte y mercados financieros”.
Para el economista y exreo político, Juan Sebastián Chamorro, el hecho de que desde 2019 no exista una estrategia país con el BID, “en sí ya es una estrategia de no aprobar nuevos créditos”. Además, recuerda el gran peso que tiene Estados Unidos en la votación, para evitar que se apruebe una nueva y la influencia que tiene sobre otros países cuyo voto sería clave para su aprobación.
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Puede ser estrategia para no dar más
Funcionarios vinculados al BID confirmaron extraoficialmente que Ortega ha pedido una nueva, alegando que Nicaragua está en pleno goce de sus derechos al ser uno de los 26 miembros prestatarios del BID, que en conjunto reúnen un poco más del 50 por ciento del poder de voto en el directorio.
Incluso, funcionarios del régimen han cabildeado en busca de los votos necesarios para aprobarla. Sin embargo, hasta ahora no lo han conseguido. Por su parte el BID estaría trabajando en la elaboración de una nueva estrategia basada en Necesidades Básicas. Es decir, distinta a la del periodo 2012-2017 que priorizó los sectores de energía, transporte, atención integral a la primera infancia y salud.
Sin embargo, al peso del voto de Estados Unidos se suman las leyes Renacer y Nica Act que incluyen el compromiso de Estados Unidos de usar su influencia para que los organismos internacionales, entre ellos el BID y el Banco Mundial (BM) no aprueben nuevos préstamos a Nicaragua mientras persistan las violaciones a los derechos humanos.
Este marco legal junto a la presión política internacional, según Chamorro está usándose en función de evitar que se apruebe una nueva estrategia país y mientras esta no exista el BID no podrá aprobar nuevos créditos.