La confiscación del Instituto San Francisco de Asís, de la Compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís en Nicaragua, tras la cancelación de su personería jurídica, genera preocupación sobre qué va a pasar con el Santuario El Tepeyac —donde se encuentra la tumba del padre Odorico D’Andrea— y los frailes tanto nacionales como extranjeros pertenecientes a la orden que se encuentran en Nicaragua desde hace 58 años.
LA PRENSA conoció de fuentes eclesiásticas que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tal como lo ha hecho con otras congregaciones religiosas, va a expulsar a los frailes y confiscará todos sus bienes.
«Van a sacar a los frailes, los van a expulsar y el Santuario Odorico D’Andrea que está administrado por esa orden corre riesgo de ser confiscado en San Rafael del Norte», apuntó una de las fuentes bajo condición de anonimato por temor a represalias.
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Este Diario intentó contactar a monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y perteneciente a la Orden de los Frailes Menores Franciscanos, sin embargo, no atendió nuestras llamadas.
Herrera contó que se acercó a la Orden Franciscana por consejos de su mamá Margarita Gutiérrez, por lo que una vez finalizados sus estudios como ingeniero agrónomo se fue a Costa Rica durante tres meses y después a Guatemala para hacer el noviciado y estudios franciscanos.
Hay frailes extranjeros que llevan más de 40 años en Nicaragua, tal es el caso del fraile Antonino Vaccaro, de origen italiano, quien celebró hace seis días su cumpleaños número 99.
Se conoce que en Matiguás, Matagalpa, hay una estatua que lo reconoce como benefactor del pueblo por llevar la educación y evangelización a las comunidades más necesitadas, de hecho construyó el instituto de San Marcos y fundó el Colegio Fray Antonino Vaccaro en el casco urbano de San Rafael de Norte.
PGR realizará el traspaso de los bienes
La dictadura, a través del acuerdo publicado por el Ministerio de Gobernación (Migob) en La Gaceta, el diario oficial, argumentó que la Orden y 16 organismos más «han incumplido sus obligaciones» debido a que según «no reportaron por períodos de entre 01 hasta 27 años sus Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas».
Cabe mencionar que dicho argumento ha sido utilizado y trillado por el orteguismo para cancelar decenas de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sociales e incluso universidades privadas, tal es el caso reciente de la Universidad Centroamericana (UCA) de la Compañía de Jesús.
La Compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos recibió la personería jurídica que este martes le fue arrebatada por el régimen orteguista, el 1 de julio de 1965, y como era de esperarse, en el acuerdo también se instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) «realizar el traspaso» de los bienes muebles e inmuebles «a nombre del Estado de Nicaragua», se lee en el apartado segundo del acuerdo.
Las obras de la Orden Franciscana en Nicaragua
Además del Instituto San Francisco de Asís, parte del Proyecto Educativo Providencial Franciscano que administra otros colegios como el Liceo Franciscano, en Managua; la escuela San Francisco de Asís, en Diriamba, y el Colegio San Francisco de Asís, en Chontales, se conoce que los frailes también dirigen el Santuario El Tepeyac.
Al Santuario Franciscano El Tepeyac acuden visitantes de los diferentes puntos del país, además de extranjeros, que llegan para conocer la tumba del legendario y venerado padre Odorico D’Andrea, fraile franciscano de origen italiano que realizó su labor pastoral en San Rafael del Norte, y de quien hay una causa de beatificación en la Santa Sede.
Ante la confiscación del Instituto San Francisco de Asís y lo encargado a la PGR, crece la preocupación de que las obras mencionadas y otras sean confiscadas por la dictadura.
La arremetida del orteguismo
De hecho, desde julio de 2021, la dictadura a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) tomó represalias contra el sacerdote italiano Damián de Cosme Muratori, rector del Santuario El Tepeyac, a quien no le renovó el estatus migratorio de residente.
En febrero de 2023, el orteguismo lo expulsó del país, aduciendo que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Italia lo buscaba por el delito de abuso sexual en ese país.
Otro de los ataques del régimen a la Orden de Frailes Menores Franciscanos ocurrió en enero de 2021, cuando las autoridades migratorias le impidieron el ingreso para continuar con sus funciones al fraile salvadoreño Santos Fabián Mejía, párroco y superior de la parroquia San Francisco de Asís, de Juigalpa, Chontales, quien tenía más de 12 años de estar en parroquias nicaragüenses.
Asimismo, el 16 de febrero de 2021, la dictadura negó la entrada al fraile salvadoreño Javier Lemus, de la Orden de Frailes Menores Franciscanos, quien desde el 19 de marzo de 2018 estuvo a cargo de la parroquia Inmaculado Corazón de María, en la Diócesis de Matagalpa, que era liderada por monseñor Rolando Álvarez, actual preso político del régimen, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión.
