Varias veces hemos opinado que hay importantes diferencias en las situaciones políticas de Venezuela y Nicaragua, aunque los dos países, junto a Cuba, pertenezcan al mismo club de regímenes autocráticos latinoamericanos.
Por ejemplo, la celebración de unas elecciones primarias de la oposición para escoger a un candidato presidencial común que compita en comicios presidenciales organizados por el régimen es algo que no podría ocurrir en Cuba ni en Nicaragua.
El sistema electoral de Venezuela también es perverso, está diseñado para asegurar la continuidad del poder autoritario. Sin embargo, permite espacios que la oposición aprovecha para organizarse y movilizarse, a pesar de las restricciones gubernamentales y de las intimidaciones y ataques de las fuerzas represivas y las turbas oficialistas organizadas.
Por otra parte, sobre la dictadura de Venezuela también pesan sanciones externas que son mucho más drásticas y efectivas que las impuestas al régimen de Nicaragua. Basta mencionar que en Venezuela las sanciones afectan de manera directa y severa a las estructuras productivas, comerciales y financieras del país. Sin embargo, el régimen venezolano de vez en cuando dialoga con la oposición y negocia con EE. UU. sobre el tema de las sanciones.
En este contexto, el miércoles de la semana pasada —cuatro días antes de las primarias opositoras del domingo 22 de octubre— el Gobierno de EE. UU. anunció su decisión de modificar la aplicación de las sanciones al régimen de Venezuela. Esto lo ha hecho en virtud de que el régimen de Nicolás Maduro alcanzó un acuerdo con la oposición venezolana en las negociaciones celebradas en la isla de Barbados para determinar una hoja de ruta electoral que conduzca a la celebración de elecciones libres el próximo año.
El diario El Nacional de Venezuela calificó la flexibilización de las sanciones “como un incentivo para promover la democratización y el diálogo político en el país”; aunque advierte que “el resultado final dependerá de si el régimen de Maduro cumple con los compromisos acordados”.
Reflexiona editorialmente el periódico de Venezuela que “lo convenido en Barbados (por el gobierno y la oposición) demuestra la capacidad de las sanciones para influir en la política de un país y cómo pueden utilizarse como herramienta diplomática para fomentar cambios positivos”
No hay nada que motive a pensar que algo igual o parecido a lo de Venezuela podría ocurrir en Nicaragua. Al menos por ahora aquí no hay posibilidad de diálogo del régimen con EE. UU. para flexibilizar o suspender las sanciones —que son mucho menos drásticas que las impuestas a Venezuela—, mientras que a la oposición nicaragüense ni siquiera se le permite funcionar dentro del país.
Por supuesto que esa realidad podría cambiar en algún momento. Aunque a veces los procesos políticos de un país parecen invariables, o inmutables, siempre existe la posibilidad de que por alguna causa o motivo ocurra un cambio repentino de situación, que haga posible lo que se creía que nunca podría ocurrir.
