El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó en la noche del miércoles 18 de octubre que los 12 sacerdotes que tenía en prisión —secuestrados, dicen los activistas de oposición y los defensores de derechos humanos— fueron excarcelados ese mismo día y desterrados a Roma.
En un comunicado oficial el régimen dijo que eso ocurrió “luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede”. Y precisó que fue un “Acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia católica en Nicaragua y en el Vaticano”.
Sin embargo, sin desmentir directamente al régimen de Nicaragua el Vaticano aclaró por medio de su director de prensa, Matteo Bruni, que “se ha pedido a la Santa Sede recibir a 12 sacerdotes de Nicaragua que recientemente fueron liberados de prisión”. “La Santa Sede ha aceptado”, añadió escuetamente Bruni, e indicó que los religiosos nicaragüenses desterrados serían recibidos “por un funcionario de la Secretaría de Estado y alojados en varias instalaciones de la Diócesis de Roma”.
Posteriormente, en una declaración telefónica brindada a La Voz de América el cardenal Leopoldo Brenes dijo que “lo ocurrido fue un diálogo que llevó la Santa Sede con el Gobierno”. Sin dar más explicaciones.
Pero cualquiera que haya sido el procedimiento para la excarcelación y destierro de los sacerdotes: una negociación del régimen con la Iglesia católica de Nicaragua y el Vaticano, o una decisión unilateral del régimen por su propia conveniencia política, lo bueno es que han sido excarcelados. Y a pesar de que fueron desterrados, se trata de una excelente noticia que debe alegrar al pueblo católico y a todas las personas de buena voluntad.
Lo lamentable es que siga en prisión el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez Lagos. Ante la falta de información es fácil suponer que a él no lo excarcelaron este miércoles porque no acepta que lo destierren, la misma razón por la cual no se fue el 9 de febrero pasado con los 222 presos políticos excarcelados y enviados a EE.UU.
Ahora bien, si la excarcelación y destierro de los 12 sacerdotes se debió a una negociación y acuerdo del régimen con la Iglesia católica de Nicaragua y el Vaticano, podría inferirse que hay posibilidad o esperanza de diálogo más adelante, por lo menos para resolver problemas puntuales como la liberación de presos políticos.
El papa Francisco y el Vaticano, la Iglesia católica de Nicaragua, la OEA y la comunidad democrática internacional en general, tienen razón al insistir en que la problemática nicaragüense hay que resolverla mediante diálogo, negociación y acuerdos de interés nacional, del gobierno y la oposición.
Por otra parte, si la excarcelación y destierro de los 12 sacerdotes católicos ha sido por propia iniciativa e interés del régimen, también es plausible. Dicho esto sin perjuicio de que la demanda de libertad para monseñor Rolando Álvarez y todos los presos políticos, es una causa democrática y humanitaria de primera importancia, que debe continuar en todos los espacios donde sea posible plantearla.
