La activista Anexa Alfred, abogada y experta del Mecanismo de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, denunció este lunes 16 de octubre, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la persecución que viven las defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha llevado a la detención de la diputada suplente de Yatama, Nancy Elízabeth Henríquez y al destierro de al menos 10 defensoras, incluida ella misma.
«La situación de discriminación y de derechos humanos de las mujeres indígenas se ha agudizado con un contexto de acontecimientos críticos marcados por la violencia sistemática con impactos diferenciados a las mujeres, niñas y adolescentes con acciones y omisiones del Estado de Nicaragua», expuso Alfred, desterrada en julio de 2022.
La activista denunció que «las comunidades indígenas continúan sufriendo masacres, asesinatos y desplazamiento forzado y enfrentan una situación de crisis humanitaria sin precedentes en total impunidad».
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«Lo anterior se da en el marco de la continua y creciente invasión de colonos en los territorios indígenas y afrodescendientes, la expansión de los recursos naturales, el otorgamiento de concesiones y proyectos sin consulta previa, libre e informada, el cierre de los espacios cívicos y democráticos, la persecución, criminalización y exilio forzado a comunitarias, lideresas y defensoras indígenas», agregó.
Alfred detalló que han documentado «alrededor de 10 mujeres indígenas de larga trayectoria que han sido desterradas por su participación en el ámbito internacional» y aprovechó para manifestar su «preocupación por la lideresa indígena Nancy Henríquez que fue detenida ilegal y arbitrariamente», el pasado 1 de octubre, dos días después del secuestro del diputado propietario y fundador de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan.
Defensoras indígenas sufren persecución debido a su trabajo
Gaia Hefti, oficial de Incidencia en Ginebra del organismo internacional Raza e Igualdad (Race and Equality), en nombre de las organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes que no pudieron participar en la sesión por la represión del régimen orteguista, manifestó que las acciones del Estado de Nicaragua para el cumplimiento de la Cedaw y la plataforma de Acción de Beijing (programa donde se definen acciones a realizar para lograr la potenciación del papel de la mujer) aún no se materializan en políticas públicas.
«A pesar de que existen leyes orientadas a promover acciones afirmativas y a tutelar los derechos de los pueblos indígenas, la falta de datos desagregados acerca de la población afrodescendiente en el país y de un censo actualizado dificulta el análisis de la situación de los derechos de las mujeres afrodescendientes invisibilizándoles», dice la declaración leída por Hefti.
Asimismo indicó que «existe alta migración de mujeres afrodescendientes para buscar el sustento de sus familias, en especial de madres solteras que tienen que abandonar a sus menores para intentar alcanzar la seguridad alimentaria» y manifestó que «las niñas costeñas están desnutridas, debido a la falta de ayuda humanitaria después de la devastación de los huracanes en los últimos años».
Hefti coincidió con Alfred en que «las defensoras afrodescendientes de derechos humanos sufren de alguna persecución continua debido a su trabajo de demarcación del territorio, incluyendo vigilancia en sus casas y detenciones arbitrarias periódicas».
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Además se refirió a la «cancelación de organizaciones de la sociedad civil, el cierre de las universidades así, como la falta de libertad religiosa, han afectado a la mujer afrodescendiente en su desarrollo social, económico, cultural y espiritual».
Por lo tanto pidió al Comité que «visibilice en su informe la difícil situación de las mujeres afrodescendientes de Nicaragua y que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplirnos con sus obligaciones en materia de derechos humanos».
Alfred también pidió al Comité que solicite al Estado de Nicaragua «la implementación de acciones y políticas y programas de seguridad pública para garantizar la vida e integridad personal y comunitarias de las mujeres de la Costa Caribe».
