El miércoles de esta semana (11 de octubre), la OEA por medio de su Consejo Permanente aprobó una nueva Resolución sobre Nicaragua.
Se dijo que dicha Resolución fue aprobada por unanimidad, porque no hubo votación, pero en realidad la aprobaron de esa manera para no mostrar los desacuerdos. No obstante la representación de El Salvador hizo poner al pie del documento una objeción de “no injerencia”; o sea que no está de acuerdo en opinar sobre los problemas de los nicaragüenses.
En todo caso, esa Resolución de la OEA es básicamente una repetición de todas las que ha aprobado sobre Nicaragua, desde el estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018 que sigue sin resolverse. Lo nuevo ha sido el “rechazo” de las medidas represivas contra la Iglesia católica y los cierres y confiscaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae).
Es evidente que aparte de un efecto mediático momentáneo —pero muy opacado por el estallido de la nueva guerra entre Israel y Hamás—, la última Resolución de la OEA igual que todas las anteriores no tiene ninguna consecuencia efectiva para ayudar a resolver la crisis sociopolítica de Nicaragua, ni siquiera para amainarla.
Realmente, la verdadera significación de dicha Resolución de la OEA es que se trata de la última que aprueba sobre Nicaragua, siendo el Estado de este país miembro de la organización intergubernamental hemisférica. Pues muy pronto ya no lo será.
En efecto, el próximo 18 de noviembre el Estado de Nicaragua dejará de pertenecer a la OEA, al cumplirse dos años de la fecha cuando el régimen de Managua denunció la Carta de la OEA, lo que significa salirse de ella.
Los expertos internacionalistas aseguran que cuando Nicaragua ya no pertenezca a la OEA esta podrá seguir ocupándose de los asuntos nicaragüenses. Y que además Nicaragua seguirá siendo parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (que también es un tratado internacional), y por lo tanto estará jurídicamente sometido a la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero eso es retórica política. La verdad es que si el régimen de Nicaragua no acató las resoluciones de la OEA y sus instituciones —salvo en el comienzo de la crisis que aceptó la presencia de una misión de la CIDH, pero en diciembre del mismo año la expulsó sin miramientos— menos que les vaya a hacer caso después del próximo noviembre, cuando igual que Cuba y Venezuela ya no será parte de la OEA.
Es que la OEA solo puede ayudar a resolver la crisis política de un país si su gobierno se lo pide o permite. Pero esto solo lo hacen los gobiernos democráticos, no los regímenes autoritarios que se escudan con las normas de soberanía nacional y autodeterminación prescritas por la misma Carta de la OEA.
Sin embargo, el 18 de noviembre no terminará la crisis sociopolítica de Nicaragua, ni será el fin de la historia nacional. En la misma última Resolución del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua se ha reiterado el llamado a los Estados miembros “para que hagan todo lo posible a fin de alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel”.
Esa es la clave para que se pueda superar la crisis, lo cual por ahora no se ve posible pero podría ser factible en otro momento, cuando concurran o sean creadas las condiciones apropiadas.
