Las activistas feministas Adela Espinoza y Gabriela Morales serán llevadas a juicio el 24 de octubre por los delitos de ciberdelitos y menoscabo a la integridad nacional. Ellas llevan 55 días detenidas de manera ilegal en las celdas del Sistema Penitenciario para Mujeres, conocido como La Esperanza.
Han sido sometidas a dos audiencias sin derecho a defensa. Para demandar sus derechos dentro de la prisión han iniciado una huelga de hambre, por lo que les han restringido el tiempo en patio-sol, han perdido peso y presentan un evidente detrimento de su estado psicosocial debido al confinamiento al que se encuentran sometidas.
Ambas fueron detenidas el 19 de agosto, en el contexto de la confiscación arbitraria de la antigua Universidad Centroamericana (UCA), a mediados de agosto de 2023. Un día después de la noticia se viralizó en redes un video de dos personas encapuchadas quemando una bandera del Frente Sandinista. Por represalias detuvieron a estas jóvenes y muchos temieron que las acusaran falsamente.
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Fueron llevadas al Distrito Tres el día de su captura, pero posteriormente fueron cambiadas de sistema penitenciario junto con las nuevas detenciones ilegales. Hasta septiembre de este año el régimen contabilizó a más de 89 personas detenidas en las cárceles de la dictadura.
Hijos esperan por su madre
Espinoza es madre de dos menores de edad, tiene 26 años y es licenciada de la carrera de Comunicación de la UCA. Morales fue sustraída de su casa por agentes vestidos de civil, quienes se presentaron acompañados de un integrante del Comité del Poder Ciudadano (CPC) del sector del barrio.
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Joseling Mayela Campos fue detenida un día después que las otras activistas. Es estudiante de III año de Ingeniería Civil, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Campos se había sumado a las protestas, demandando la autonomía universitaria y denunciando los crímenes cometidos por la dictadura, pero se había distanciado y optado por un bajo perfil por seguridad.
