El inicio de un nuevo conflicto entre el Estado de Israel y Hamás ha mantenido en vilo al mundo en los últimos días y la reacción de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. En el caso de Nicaragua, Rosario Murillo lamentó las muertes y cuestionó la inactividad de las Naciones Unidas, al mismo tiempo en comunicado oficial el régimen expresa que siempre será solidario, fraterno y cercano con la “causa palestina”.
En términos generales, la llamada “causa palestina” es el reconocimiento de Palestina como un territorio, soberano e independiente y no Estado con reconocimiento limitado. Por su parte, Hamás es un Movimiento de Resistencia Islámica y de naturaleza paramilitar (por la tolerancia Palestina) con el mismo fin, pero con métodos proscritos por el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.
En otras palabras, el régimen Ortega-Murillo y cualquier gobierno puede simpatizar con la “causa palestina”, pero guardar silencio sobre los métodos de lucha de Hamás, más que obviar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, es alentar y estar a favor de la barbarie. El Derecho Internacional Humanitario (Jus in bello) busca la conducción de hostilidades (combates) reduciendo el sufrimiento, limitando métodos (estrategias) y medios (armamento) de guerra. Por su parte, Hamás es responsable de infinidad de atentados (no siempre contra objetivos militares) y ha causado un enorme número de muertes y heridos civiles, de ahí que ha sido catalogada como organización terrorista por muchos países.
Pero supongamos por un momento que el régimen en su simpatía por la llamada “causa palestina” calla respecto de los ataques de Hamás, esto sería un reconocimiento indirecto de beligerancia a este grupo paramilitar porque tienen un fin político, cuentan con un mando organizado y son capaces de realizar ataques concertados y sostenidos como ha ocurrido desde el pasado sábado 7 de octubre. El problema es que en estas acciones de hostilidad se cometen actos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario como el asesinato a civiles, atacar objetivos civiles y toma de rehenes entre otros, todas esas acciones constituyen crímenes de guerra.
Por otra parte, condenar a la ONU en este momento no es la declaración más afortunada que un jefe de Estado puede hacer, simplemente denota ignorancia. El surgimiento de la ONU supone básicamente la prescripción del Jus ad bellum (derecho a la guerra), es decir, que el inicio de una guerra con carácter internacional solo puede darse con arreglo a lo establecido en la propia Carta de la ONU, con una excepción, la legítima defensa individual o colectiva. ¿Qué hace un Estado ante el sorpresivo ataque a su población que deja centenares de muertos, heridos, secuestrados y destrucción? Se defiende. La reacción del Estado de Israel es legítima y amparada en la propia Carta de la ONU, aunque admito que está por verse la proporcionalidad.
Es posible que el respaldo del régimen a la “causa palestina” esté motivado por antiguas y oscuras alianzas, es posible también que busque forzar con estas sostenidas posturas ante crisis internacionales, la conformación de alianzas ante el surgimiento de una nueva polaridad global, alentado por su falta de legitimidad internacional del régimen. Lo cierto es que su postura es disonante, el propio Nayib Bukele (aclaro que no es santo de mi devoción) pese a su ascendencia palestina calificó a Hamás de “bestias salvajes que no representan a los palestinos” y agregó que lo mejor que podría pasar es que desaparecieran.
Que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo guarden silencio sobre los crímenes de guerra de Hamás es una ignominia para el Derecho Internacional Humanitario y los principios elementales del Derecho Internacional. Claro, qué se puede esperar de un régimen político que reprime a fuego y sangre a su propio pueblo, antes que respetar su sagrado derecho a la vida en democracia.
El autor es maestro en Derechos Humanos