El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación la Resolución sobre la situación de Nicaragua, que rechaza la represión del régimen de Daniel Ortega contra las instituciones educativas y la Iglesia católica, que ha significado la cancelación de 28 centros de educación superior de carácter privado y el encarcelamiento arbitrario de 13 sacerdotes de la Iglesia católica.
Tras la aprobación, el representante de Brasil se expresó de forma crítica sobre la violación de los derechos fundamentales en ese país. «Una vez más manifestamos colectivamente nuestra preocupación ante las medidas represivas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua en contra de instituciones educativas y la Iglesia católica de ese país. Son estas acciones muy graves y demuestran la falta de respeto y la violación de derechos fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento, expresión, asociación y trabajo», manifestó Brasil.
El representante brasileño insistió en trabajar por un diálogo constructivo para resolver la situación del país centroamericano.
«Esta resolución que hemos aprobado para, por un lado, denunciar los abusos cometidos y, por otro lado, podemos instar a un diálogo, para superar la situación actual», agregó.
Brasil, encabezado por el presidente socialista Luiz Inácio Lula da Silva, es un país que anteriormente fue duramente cuestionado por su posición neutral ante el régimen de Daniel Ortega.
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Resolución aprobada por aclamación
El documento fue presentado por las misiones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y el copatrocinio de Uruguay. El representante permanente de Chile fue el encargado de leer el documento que manifiesta lo siguiente:
- Instar al Gobierno de Nicaragua a respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo.
- Rechazar las medidas represivas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua contra las instituciones educativas y la Iglesia católica, que violan los compromisos internacionales de Nicaragua y afectan su integridad y funcionamiento.
- Llamar al restablecimiento de los derechos fundamentales en Nicaragua y la protección de la educación como pilar fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad.
- Invitar a las instituciones educativas de los Estados Miembros de la OEA a brindar el mayor apoyo posible a los profesores de las instituciones educativas afectadas por las medidas del Gobierno de Nicaragua, incluso a través de becas y otras oportunidades profesionales.
- Reiterar el llamado hecho por la Asamblea General de la OEA a los Estados Miembros mediante la Resolución AG/RES. 3006 (LIII-O/23) hacer todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a entablar un diálogo de alto nivel.
- Encomendar a la Secretaría General de la OEA que continúe monitoreando de cerca la situación en Nicaragua y prepare y presente, cuando sea necesario, informes para el Consejo Permanente.
Grave atentado contra la libertad académica
La resolución menciona la cancelación y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) y otras instituciones educativas del país, considerando que «su cierre representa un grave atentado contra la libertad académica y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en su conjunto».
La OEA toma nota de que «los bienes de las instituciones educativas han sido embargados o inutilizados, y sus actividades han sido suspendidas, dejando incierto el futuro de miles de estudiantes, cientos de profesores y personal administrativo».
También toma en cuenta que «las medidas mencionadas son parte de un curso de acción que, de manera sistémica, arbitraria y abusiva, ha afectado a más de veinte instituciones educativas del país».
Represión contra la Iglesia católica
A la vez, el organismo interamericano observa con preocupación que «las acciones represivas de las autoridades de Nicaragua también han tenido como objetivo a la Iglesia católica, como lo demuestran, además de las medidas contra la Orden de los Jesuitas, las denuncias de detención arbitraria de sacerdotes, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, de Matagalpa, y la expulsión o prohibición de entrada al país de decenas de clérigos, monjas y laicos católicos tanto nicaragüenses como extranjeros».
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Además, expresa alarma «por las actuales acciones represivas contra la Iglesia católica y miembros de la Orden de los Jesuitas y RECORDANDO la declaración del 15 de septiembre de 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que un ‘espacio cívico abierto, libre y plural es un requisito esencial’. condición para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o sus creencias sin discriminación».
La OEA considera que «estas medidas violan los derechos humanos y son inconsistentes con los compromisos y obligaciones de Nicaragua, establecidos en instrumentos internacionales, particularmente en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio Universal Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica , la libertad académica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo, entre otros».
El organismo reafirmó «su compromiso de colaborar constructivamente con Nicaragua y los mecanismos internacionales de derechos humanos para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
Intervenciones en la sesión
En la sesión participó como invitada la vicepresidenta de la Asociación de Universidades Católicas Jesuitas (AJCU), que confirmó la confiscación de los bienes de la UCA en Nicaragua, y también Jorge Meza, subsecretario ejecutivo para la solicitud y sistema de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que leyó un informe que confirma la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua.
Las representaciones de Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Panamá pidieron la palabra para confirmar su rechazo a las acciones represivas y algunos relataron otros acontecimientos violatorios en Nicaragua, como la cancelación del partido indígena Yatama y la detención arbitraria del líder indígena y diputado de este partido, Brooklyn Rivera Bryan y la diputada suplente, Nancy Elízabeth Henríquez.
La representación de El Salvador ante la OEA pidió incluir un pie de página en la resolución, en el que «reafirma su posición de principios en materia de Derecho Internacional, en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro Estado».
Por su parte, Bolivia también dejó sentado que aunque apoyó la aprobación por aclamación, no está de acuerdo con abordar la situación de Nicaragua en la OEA.
A un mes de salir de la OEA
Esta sesión sobre Nicaragua se realiza a poco más de un mes de que Nicaragua oficialmente concrete su retiro de la OEA.
Desde abril de 2018, la mayoría de los países que integran la OEA han condenado las violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo por la represión armada contra las protestas civiles, que dejaron más de 300 muertos ese año, según informes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos.
Ante la presión internacional y los cuestionamientos de otros países en este foro interamericano, Nicaragua decidió renunciar a la OEA el 19 de noviembre de 2021. El retiro de este organismo implica un proceso de dos años, por lo cual la salida de Nicaragua se cumple el próximo mes de noviembre.
