Desde el año 2018 comenzó en Nicaragua la campaña del Estado contra la educación superior dirigida por la iniciativa privada e instituciones sociales sin fines de lucro. A partir de entonces, por lo menos 30 universidades y otros centros de altos estudios han caído y desaparecido, entre ellos los de mayor calidad y más prestigio nacional e internacional como la UCA y el Incae.
El régimen ha tratado de mantener la continuidad en el funcionamiento —con otros nombres— de los principales centros de estudio superior confiscados, sin resultados satisfactorios.
Por supuesto que el Estado de Nicaragua, aun con su pobreza intelectual tiene experiencia en administración educativa, incluyendo universitaria, y terminará por hacer funcionar regularmente las instituciones confiscadas y renombradas.
Pero eso no será suficiente. El daño sufrido por la educación superior de Nicaragua es irreparable. Tendrá que haber una nueva manera —sensata y democrática— de dirigir el Estado, hacer cuantiosas inversiones y realizar inmensos esfuerzos para que la educación universitaria recupere los estándares de calidad que ha perdido, sobre todo en los últimos meses.
No basta tener un personal profesional con preparación administrativa y técnica. Se necesita una filosofía correcta de la educación superior y garantizar su autonomía, pero real, no una simulada y peor aún subordinada a una casta política.
En realidad, lo que ha ocurrido en Nicaragua con la educación superior es catastrófico. No solo por el daño material y moral que se le ha hecho a las personas e instituciones confiscadas, sino porque la juventud ha perdido la posibilidad de obtener el conocimiento académico y la conciencia de la libertad que se necesita para llevar al país por el camino del desarrollo y la prosperidad.
Los próceres de la autonomía universitaria en Nicaragua crearon y enarbolaron el lema A la libertad por la universidad, identificando a la persona humana “como el ser más importante, o el único verdaderamente importante de la Naturaleza, a la cual se halla encadenado por instintos que deben educarse inteligentemente, y por supersticiones de las que hay que libertarlo…” Así lo escribió en mayo de 1960 el histórico y emblemático rector, doctor Mariano Fiallos Gil.
Agregaba Fiallos Gil que la liberación de la mente es la precursora de toda otra liberación. “El hombre libre —razonó el maestro de maestros— es el que interpreta al mundo por sí mismo, por su propia razón, sin encargar a otro —por miedo o pereza— de este placentero y angustioso oficio”.
Era la conciencia de que para formar a la persona libre es preciso educarla sin ataduras políticas de ninguna clase, en la libertad de investigar, enseñar y estudiar que solo se puede garantizar con la autonomía de la universidad.
Ya durante la revolución sandinista de los años ochenta la pérdida de la autonomía universitaria causó el retroceso de la educación superior, la redujo a la mediocridad de antes de la autonomía. Se demostró que la universidad sin autonomía no es propiamente una universidad.
“Nada más sagrado que una universidad que no solo sea, desde el punto de vista técnico-instrumental, competente, sino que, sobre todo, sea capaz de formar auténticos ciudadanos, personas de bien, con clara consciencia civil de la necesidad. Y es que eso es, por cierto, la libertad: el tener el valor de asumir, madura y responsablemente, el propio camino, por más obstáculos que se le puedan presentar”.
Son palabras del profesor venezolano Rafael Herrera, catedrático de filosofía y ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, un país rico arruinado y empobrecido por la revolución, cuyo régimen político es muy parecido al de Nicaragua. Un país donde la autonomía universitaria también es asediada por el poder absolutista, pero todavía resiste y hasta ahora no la han hecho caer, como en Nicaragua.
