El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció la declaratoria de una emergencia nacional por la crisis migratoria que sufre el país y está sobrepasando, o ya ha desbordado, las capacidades del gobierno costarricense.
Solo en septiembre han llegado a Costa Rica más de 60 mil migrantes procedentes del sur y en lo que va del año 2023 casi 400 mil. Y aunque el propósito de esos migrantes es seguir hacia el norte, hasta Estados Unidos, su permanencia en el territorio costarricense crea graves problemas que, según el presidente Chaves, lo obligan a declarar la emergencia nacional. La cual incluiría medidas extremas como la deportación de migrantes en particular de aquellos que, según él, “se portan mal”.
La emergencia afectaría también a los migrantes nicaragüenses que han llegado a Costa Rica para quedarse, huyendo de las insoportables condiciones sociopolíticas y la inseguridad imperantes en Nicaragua.
Las medidas costarricenses de excepción afectarían a los migrantes nicaragüenses porque se aumentaría la xenofobia hacia ellos, como lo ha advertido la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Según la ex primera mandataria tica, la medida anunciada por el presidente Chaves y su discurso sobre la crisis migratoria “están ayudando a estigmatizar al migrante más allá de los riesgos de aplicar mecanismos, como si todos los inmigrantes salieron de sus países simplemente porque les da la regalada nada”.
En realidad, cada quien ve y valora la crisis migratoria de manera diferente, según su interés y propósitos. Los sentimientos y expresiones de los migrantes, activistas de derechos humanos y los funcionarios internacionales que atienden este problema, son distintos de los que tienen los gobernantes y las autoridades migratorias de los países que sufren las consecuencias de la crisis porque son lugares de destino o tránsito de las migraciones. De manera que aquello que podría ser necesario y bueno para los gobiernos, es o sería lo contrario para los migrantes y sus defensores.
Por otra parte, la magnitud y complejidad de la crisis migratoria indica que no es solo con acciones particulares y nacionales, sino con esfuerzos internacionales mancomunados, que se debe abordar por lo menos para paliarla y reducir sus consecuencias negativas.
Desde el año 2012, cuando este problema todavía no era una crisis, pero se preveía que podría llegar a serlo, la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas aprobó un Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria, “con el fin de apoyar a las comunidades afectadas en el acceso a sus derechos fundamentales de protección y asistencia”. O sea ayudar a la gente que se ve obligada a migrar a como sea por las insoportables condiciones de sus países.
Dicho Marco Operacional “se basa en la legislación internacional humanitaria y de derechos humanos, y en los principios humanitarios. Además, combina actividades humanitarias, de recuperación y transición al desarrollo”. Sin embargo, 11 años después es muy poco lo que se avanzó en ese propósito.
Es que para curar el mal hay que ir a sus causas y extirparlo desde sus raíces. La gente no se emigraría masivamente a los países desarrollados, ricos y seguros con la esperanza de vivir mejor, si en sus propias tierras y patrias pudieran vivir en libertad y democracia, tener seguridad y la posibilidad real de trabajar, aunque fuera en condiciones modestas, pero dignas de la condición humana.
Mientras no sea así multitudes de personas seguirán emigrando, pero a los países democráticos desarrollados no a aquellos que aunque sean ricos no respetan la libertad y los derechos personales.
