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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a 8 sacerdotes privados de libertad. LA PRENSA

CIDH le vuelve a pedir a Daniel Ortega cesar la persecución a los católicos y liberar a sacerdotes presos

Para la CIDH la persecución y judicialización sin el debido proceso y expulsión de sacerdotes y religiosas, afecta la libertad religiosa de la población

Ante el incremento de la represión hacia la Iglesia católica de Nicaragua que al 15 de septiembre suma ocho sacerdotes detenidos en condiciones inhumanas, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, y decenas de sacerdotes y monjas desterrados y exiliados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le volvió a pedir a las autoridades nicaragüenses que cesen la represión contra la Iglesia católica.

“La CIDH observa con preocupación que a la fecha, ocho sacerdotes permanecen privados de libertad. Entre ellos, el monseñor Rolando Álvarez, quien se encontraría en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud, como quedó evidenciado en la visita de sus familiares el pasado 25 de marzo. Asimismo, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, estarían privados de la libertad y bajo investigación por su trabajo en Cáritas Estelí”, dice parte del comunicado que la organización emitió el 15 de septiembre.

El comunicado también señala que “de acuerdo con la información disponible, el 8 de septiembre de 2023 el sacerdote Osman José Amador, integrante de la Diócesis de Estelí y exdirector de la organización Cáritas Estelí, fue detenido mediante el uso de la fuerza por agentes del Estado”. Y añade que “hasta el momento, no se habría informado sobre los motivos de la detención, la situación jurídica ni el paradero del sacerdote”.

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Preso por hablar de monseñor Álvarez

A nivel local se conoció que el padre Amador Guillen de 36 años fue director de Caritas Estelí y que el viernes 8 de septiembre, alrededor de las 10 de la noche, agentes de las brigadas de las fuerzas especiales lo sacaron de la Catedral de Estelí. Los feligreses creen que lo trasladaron a Managua, sin embargo, no hay confirmación oficial sobre su paradero.

Según los feligreses, durante una eucaristía que celebró antes de ser secuestrado, se refirió a monseñor Álvarez y esto habría provocado su secuestro. Álvarez está detenido desde agosto de de 2022 y en febrero de este año lo condenaron a 26 años de prisión por el supuesto delito de traición a la patria.

Además de Amador Guillen y de monseñor Álvarez, también están presos: el padre Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna, capturado el 9 de julio. Jaime Iván Montecinos, párroco de la iglesia San Juan Pablo II de Chagüitillo, Sébaco, que pertenece a la Diócesis de Matagalpa. Lo capturaron el 23 de mayo y el 25 lo acusaron de cometer actos que menoscaban la soberanía nacional.

Los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavídez, párroco de la Iglesia Divina Providencia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, de la Catedral de Estelí, permanecen bajo la figura de casa por cárcel desde el 20 y 22 de mayo respectivamente. A ambos les siguen proceso relacionado a las actividades administrativas de la organización Caritas Estelí, cerrada recientemente.

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La mayoría son de las Diócesis del obispo Álvarez

También están detenidos y condenados por supuestos delitos comunes, monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco. A él lo detuvieron en agosto de 2022 y en septiembre lo condenaron a 30 años de cárcel por el supuestos delito de abuso sexual y violación a una niña de 14 años.

La lista la cierra el padre Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, de Nandaime, que pertenece a la Diócesis de Granada. En mayo de 2022 el sacerdote de 58 años se convirtió en el primer clérigo judicializado por el régimen Ortega Murillo. A él le impusieron dos condenas, una de dos años por amenazas con arma contra cinco hombres y otra de cinco años por violencia en perjuicio de Martha Hernández Rivas. Curiosamente a la supuesta víctima después la encarcelaron y acusaron de falso testimonio, ya que durante el juicio negó que el sacerdote la hubiese agredido.

El comunicado de la CIDH dice que desde el 2022 la organización viene advirtiendo que la persecución contra la Iglesia Católica continúa agudizándose en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático.

Detenciones afectan la libertad religiosa

“Existen hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes. En el mes de mayo de 2023, el Estado ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica por presuntos hechos ilícitos vinculados con lavado de activos y Traición a la Patria”, señala el comunicado de la CIDH.

Además, recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión. Esto conlleva “la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.

Según la organización, “un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación”.

Para la CIDH esto tiene particular importancia en Nicaragua, que es un país con una mayoría de población que profesa la religión católica. Por tanto, “la política estatal para la supresión del espacio cívico ha resultado también en la afectación de la libertad religiosa de su población”. Por tanto, exhorta al Estado de Nicaragua a cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la Iglesia católica y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.

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