El politólogo nicaragüense Manuel Orozco ha publicado en la revista nicaragüense en línea, Confidencial, un excelente artículo sobre las sanciones internacionales al régimen de Nicaragua. A nuestro juicio es lo mejor que se ha publicado hasta ahora sobre este tema que es del sumo interés público.
Sobre este tema ante todo es necesario aclarar si con las sanciones se castiga a la nación —o sea a todos los nicaragüenses— o solo a los líderes y agentes del régimen.
Se conoce que las sanciones que se han impuesto hasta ahora son personalizadas y por lo tanto no afectan directamente a la población, aparte de que el régimen se desquita castigando más al pueblo.
Sobre este tema, ante la comprobada ineficacia de las sanciones en todos los países donde se han impuesto, es válido cuando menos preguntarse: ¿es justo pedir que se impongan otras sanciones para afectar directamente la economía nacional?, ¿inclusive a las remesas familiares que conforman uno de los componentes principales del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua y son el medio de sobrevivencia para millones de nicaragüenses pobres?
Sin duda que el asunto de las sanciones en general y de las económicas en particular es del mayor interés para quienes detentan el poder y los activistas opositores. Pero mucho más importante es para la población, sobre todo para la gente más vulnerable que vive de sus salarios o sobrevive con las remesas familiares.
Por eso hemos dicho que es necesario discutir este problema lo más ampliamente posible, tomar en cuenta no solo lo que piensan y dicen las élites gobernantes y opositores, sino también, y principalmente, la opinión de la gente común.
Los activistas políticos de la oposición que están en el exilio y acuden regularmente ante las instituciones de la comunidad internacional, acreditándose como representantes del pueblo de Nicaragua, deberían consultar a la gente sobre el problema de las sanciones antes de fijar sus posiciones. Si son democráticos lo deberían hacer obligatoriamente.
Se conoce que en el exilio algunos demandan más represalias de la comunidad democrática internacional contra el régimen de Nicaragua, inclusive sanciones económicos en el ámbito de los tratados de libre comercio, zonas francas, producción de bienes de exportación, sistema financiero y hasta bloquear las remesas familiares.
Otros sostienen que las sanciones deben seguir siendo personalizadas, pero más sistemáticas, y no están de acuerdo con la imposición de las que podrían afectar directamente a la población pobre y trabajadora.
Y también hay quienes no están de acuerdo con ninguna clase de sanciones, alegando que ese mecanismo de presión internacional nunca y en ninguna parte del mundo ha servido para quitar un régimen autoritario y establecer la democracia, ni siquiera para reducir la represión. Opinan que, por el contrario, las sanciones empeoran la situación de la gente con la cual se desquita el régimen cada vez que son impuestas.
Por otra parte, los que piden más sanciones internacionales y que se extiendan a los ámbitos clave de la economía nacional, ¿acaso lo han consultado a la población y en particular a los trabajadores de las zonas francas y demás sectores generadores de empleo, así como a los beneficiarios de las remesas familiares?
Se conoce que una regla de la política democrática es consultar la opinión de la gente antes de tomar una decisión o proponer algo que pudiera afectarla de manera directa o indirecta. Lo contrario es lo que hace la política autoritaria, o no democrática, en la cual los líderes toman las decisiones sin consultarle nada a nadie y sin importarles las consecuencias de sus acciones o decisiones.
Es cierto que en la situación actual la gente común no tiene espacio ni posibilidad para opinar. Pero quienes se dedican profesionalmente a la política tienen que saber de qué manera se podrían conocer los sentimientos y opiniones de la gente de a pie, para de conformidad con ellas tomar sus decisiones.