Costa Rica ha reafirmado que es un oasis de derecho, libertad y democracia, en un área como la centroamericana dominada casi toda por el autoritarismo y el desamparo jurídico de las personas, sobre todo de las más indefensas.
Lo decimos porque la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha anulado por ser inconstitucional un decreto del presidente Rodrigo Chaves, que prohibía a las personas extranjeras solicitantes de refugio viajar a otro país por cualquier razón y luego regresar al territorio costarricense.
La sentencia ha sido dictada por la Sala Constitucional de la Corte, alegando que la mencionada medida administrativa del presidente Chaves viola el derecho humano al refugio, la libertad de tránsito y el principio de no discriminación por motivo o razón de nacionalidad.
Se trata según la sentencia del Poder Judicial, de una violación a la Constitución de Costa Rica y a la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José), la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales que protegen a los migrantes y refugiados.
Bien por Costa Rica, que aunque tiene una democracia robusta no está a salvo de las arremetidas contra el sistema político democrático, tanto en el ámbito externo como en el interior de los países. En realidad, la medida que había dispuesto el presidente de Costa Rica contra los derechos de los migrantes y solicitantes de refugio, no ha sido una casualidad; se ha debido a las tendencias autoritarias del presidente Chaves, quien no tolera la crítica y por eso ataca a la prensa libre e independiente cada vez que tiene oportunidad de hacerlo.
En el mes de julio pasado, los 6 expresidentes de Costa Rica que están vivos fueron atacados por el presidente Chaves, con el ventajismo de su posición de poder político, porque firmaron una declaración de los gobernantes democráticos de Iberoamérica en la cual denunciaron los ataques en la región a la libertad de prensa, la cual es condición indispensable de la democracia.
En esa declaración se denunciaron también las acciones del presidente costarricense, quien tilda de “canallas” a los periodistas que lo critican y manipula el gasto oficial publicitario para perjudicar a medios independientes. Entonces, imitando a caudillos y dictadores de países vecinos que dicen ser la encarnación de la patria, atacó a los expresidentes de su país acusándolos de “escupir la bandera nacional” solo porque se habían atrevido a criticarlo.
En un comunicado para explicar la sentencia sobre el caso de las personas extranjeras solicitantes de refugio en Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema establece que «si bien es una atribución del Poder Ejecutivo trazar la política migratoria del Estado costarricense, y definir las acciones para enfrentar la situación que vive el país en la actualidad por el incremento de solicitudes de refugio de personas provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por la profundización de las situaciones políticas, sociales, económicas y de orden público que atraviesan esas naciones, las disposiciones impugnadas son inconstitucionales».
Qué bien que en Costa Rica funcionen las instituciones democráticas. Mientras sigan funcionando, la democracia, la libertad y el Estado de derecho estarán a salvo en ese país tan cercano a Nicaragua, aunque circunstancialmente sea elegido como presidente de la República una persona con impulsos políticos autoritarios.
