Este sábado 19 de agosto se cumple un año del asalto a la Curia Episcopal de Matagalpa por oficiales de la Policía, que bajo órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestraron al obispo Rolando José Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión, y de quien no se sabe dónde y en qué condiciones está.
Tras el allanamiento a la Curia, la Policía orteguista trasladó a monseñor Álvarez, quien también es administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, a Managua, y el 9 de febrero de este año fue llevado de Managua al Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como cárcel La Modelo. Desde entonces su paradero es un misterio.
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«El obispo nunca ha dejado de estar secuestrado porque los policías llegaron como delincuentes a sacarlo de su residencia (en Matagalpa). En ningún momento se cumplieron ni se respetaron sus garantías constitucionales. No hubo debido proceso y fue el dictador que sin juicio previo, impuso la condena que supuestamente cumple en el Sistema Penitenciario, y digo supuestamente porque nadie a ciencia cierta conoce su paradero o su condición de vida», expresó la abogada e investigadora Martha Molina.
Molina, quien se ha especializado en documentar los ataques de la dictadura contra la Iglesia católica desde abril de 2018, afirmó que «nadie que esté bajo la tutela de la Policía o del Sistema Penitenciario puede estar bien porque se ha comprobado que ellos torturan y asesinan».
CIDH y Oacnudh urgen al Estado liberar al obispo
Al cumplirse un año de la detención arbitraria de monseñor Álvarez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe (Oacnudh), expresaron su condena a las continuas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, la incomunicación desde que se encuentra en el Sistema Penitenciario La Modelo y la limitación de las visitas de sus familiares.
«Estos actos resultan contrarios a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente, en relación con la garantía a los derechos al debido proceso, a la libertad y a la integridad personal», expusieron los organismos en una nota de prensa.
Monseñor Rolando Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022, luego de estar confinado más de 15 días con otras personas en la Curia Episcopal de Matagalpa, sin acceso a alimentación ni a agua. La detención fue efectuada por la Policía de forma violenta y sin orden judicial, y fue puesto en condición de arresto domiciliario.
El 13 de diciembre de 2022 fue presentado por primera vez en los juzgados de Managua, donde fue acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
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El 10 de febrero de 2023 —al día siguiente de negarse a ser deportado a los Estados Unidos por el régimen de Orteg-Murillo, junto con otras 222 personas presas políticas—, el obispo fue sentenciado sin juicio y sin garantías procesales, a 26 años y cuatro meses de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de los derechos ciudadanos de por vida, incluida la nacionalidad nicaragüense.
Desde su traslado a La Modelo, el jerarca católico recibió el 23 de marzo de 2023 la única visita de sus familiares «donde se evidenció públicamente el deterioro de su salud y las condiciones carcelarias inhumanas en las que se encuentra», exponen los organismos.
Medidas cautelares y provisionales a favor de monseñor Álvarez
El 13 de abril de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de monseñor Álvarez, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. El 28 de junio de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la CIDH, le otorgó medidas provisionales y requirió al Estado informar sobre su situación y su liberación inmediata.
Desde 2022, tanto la CIDH como la Oacnudh han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión.
Después de cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los organismos instan al régimen de Ortega y Murillo a «abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa, y a cumplir sus obligaciones internacionales, mediante la liberación inmediata de monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad».
