El Gobierno que preside Daniel Ortega «continúa reprimiendo a la ciudadanía y violentando los derechos ciudadanos individuales y colectivos» de los nicaragüenses, a cinco años de la revuelta popular que estalló contra el Ejecutivo, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos Nicaragua divulgado este martes.
«A pesar de haber liberado a 222 personas presas políticas (en febrero pasado), aún mantiene a 36 en prisión y tuvo que reformar la Constitución Política del país, además de crear una nueva ley para despojar de nacionalidad a esas y otras 94 personas que considera traidores de la patria», indicó ese observatorio en el «Informe de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado nicaragüense (junio 2022 a abril 2023)».
El Gobierno sandinista además ha cerrado 3.321 organizaciones no gubernamentales, con lo que «ha dejado en el desamparo a personas vulnerables, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y colectivos LGBTIQ+», según ese informe.
Lea también: La situación de Nicaragua marca significativamente a Centroamérica, según un estudio
«Esto ha representado pérdidas de millones de dólares en apoyo social que compensaba los esfuerzos del gobierno en ese sentido, y ha limitado el acceso a derechos básicos de la población», sostuvo.
Incrementan agresiones a la Iglesia Católica
Asimismo, ese observatorio aseguró que «las agresiones hacia la Iglesia católica han ido incrementando» y las mismas incluyen la condena a más de 26 años al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, la prohibición de actividades religiosas, la expulsión de sacerdotes, «así como desprestigio por parte del Presidente de Nicaragua y otros funcionarios públicos».
«Si bien, se han documentado casi 400 casos, esto no representa la totalidad de las violaciones a los derechos de la ciudadanía católica y los esfuerzos del gobierno por limitar la labor de la Iglesia en el país, como guía espiritual y referente, incluso, en la protección de las personas ante el accionar represivo del Estado», anotó ese organismo.
Por otro lado, el observatorio afirmó que «cada vez más nicaragüenses están gestionando su pasaporte para salir del país, lo que representa una realidad de desesperación por la crisis política y económica, así como la desconfianza en que la situación cambie en el corto y mediano plazo».
Como recomendaciones, el estudio sugiere que a pesar del contexto adverso y agresivo hacia defensores de derechos humanos y ciudadanía en general, «es fundamental continuar la labor de documentación de las continuas violaciones a los derechos humanos que sirvan como insumos para el desarrollo de procesos de justicia tradicional ahora y en el futuro».
Lea además: ¿Qué efectos tendría en Nicaragua la dirigencia de Colombia de la Celac?
Recomendaciones
También que «las demandas de liberación de las personas que siguen siendo presas políticas, la generación de condiciones para la paz y el Estado de Derecho, la justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua y la promoción de la ciudadanía y los derechos humanos deben continuar siendo las banderas de la lucha cívica desde Nicaragua y el exilio».
Además, que la ciudadanía, las personas activistas de derechos humanos, los periodistas independientes, los líderes de la Iglesia católica «y otros grupos que han sido foco de la represión estatal, deben fortalecer sus medidas de seguridad y protección en su continua búsqueda por la justicia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua».
El Observatorio de Derechos Humanos forma parte de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social (FDSI), con sede en San José, Costa Rica.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
