La nicaragüense Verónica María Silva Bravo, de 50 años, figura entre la lista de personas más buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), como sospechosa de haber encargado el asesinato de su esposo Paúl de la Trinidad Hernández Rocha, de 60 años, la noche del pasado 24 de abril, en San Marcos, Carazo, cuando regresaba de retirar dinero de un cajero automático.
Se conoce que la víctima al bajarse del vehículo para abrir el portón de la propiedad donde habitaba, en el reparto Fátima, fue ultimado de tres balazos por personas a bordo de otro vehículo. La Policía primero investigó el móvil del crimen como robo porque al parecer a la víctima le faltaban algunas pertenencias.
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La ciudadana nicaragüense requerida por la Interpol nació el 4 de abril de 1973 en Managua, mide 1.65 metros, y pesa 85 kilogramos, el color del cabello es negro y de ojos castaños.
La jueza Gloria Saavedra, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, tras admitir la acusación giró una orden de búsqueda y captura en contra de Silva Bravo, quien fue acusada el pasado 27 de junio junto a cuatro personas más, a quienes se les decretó prisión preventiva.
Acusados y juicio
El Ministerio Público (MP) señala a Silva Bravo de ser la presunta autora intelectual del asesinato agravado.
Las otras cuatro personas acusadas son: Katherine Guadalupe Osorio Moreno, de 21 años; Cristopher Sebastián Santamaría Hernández, de 38; Fabricio Edmundo López Corea, de 32 y Angélica María Hernández Arteaga, de 38 años.
A Osorio Moreno se le acusa como cómplice, a Santamaría Hernández y Hernández Arteaga por ser presuntos cooperadores necesarios en el asesinato; y a López Corea por ser el presunto autor directo del asesinato (es decir, quien disparó).
A Fabricio López también se le imputa el delito de portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones.
Se espera que en el juicio a realizarse el próximo 30 de agosto en contra de los cuatro acusados que se mantienen en prisión preventiva, declaren ocho peritos, 10 testigos civiles y 12 policías investigadores.
A pesar que el crimen ocurrió en Carazo, el caso fue investigado por la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ) y el proceso está celebrándose en la capital.
