Este lunes 26 de junio se ha celebrado el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. De esta manera se conmemora que el 26 de junio de 1987 entró en vigencia la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y con la celebración se pretende influir en los gobiernos que todavía practican la tortura, para que dejen de hacerlo.
Más de 170 Estados del mundo forman parte de dicha Convención y están obligados a acatarla. Pero también los Estados cuyos gobiernos no la han aprobado están obligados a cumplirla, de acuerdo con la norma ius cogens del derecho internacional público que obliga a todos a obedecerla, aunque no estén de acuerdo con ella ni la hayan suscrito. Lamentablemente, eso no impide que la tortura se siga practicando en más de 100 países del planeta.
La Convención internacional define la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia…»
Además, en la convocatoria a esta celebración la ONU señala que “la tortura destruye la personalidad de la víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano. A pesar de la prohibición absoluta de la tortura según el derecho internacional, la tortura persiste en todas las regiones del mundo. Las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura u otras formas de trato cruel, degradante o inhumano…”
Incluso el gobierno de Estados Unidos, que se precia de vigilar el respeto a los derechos humanos en el mundo, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 instaló un centro de detención en la bahía cubana de Guantánamo, que ocupa por la fuerza, donde se han practicado sistemáticamente toda clase de torturas.
Se puede asegurar que la persistencia impune de la tortura es un fracaso de la humanidad organizada en Estados y en comunidad internacional. Y es una tragedia que toca directamente a Nicaragua.
Durante la dictadura somocista la tortura fue practicada como método de investigación y castigo político, muchas veces incluso contra presos comunes. Cuando cayó el somocismo se creyó que la tortura desaparecería para siempre, pero no fue así. Según denunciaron muchos prisioneros somocistas, contrarrevolucionarios, disidentes y simple desafectos al nuevo régimen, la tortura fue practicada de manera generalizada y sistemática, inclusive por mercenarios revolucionarios internacionalistas.
El sueño de una Nicaragua libre de las torturas solo se hizo realidad durante los tres gobiernos de la transición democrática (1990-2006). Tampoco se practicó durante poco más de una década del nuevo régimen sandinista. Hasta que estalló la sublevación popular democrática de abril de 2018 en cuya represión se volvió a practicar la tortura contra los prisioneros políticos, según documentaron los organismos internacionales de derechos humanos.
El Estado de Nicaragua es parte de la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por lo tanto tiene la obligación jurídica y moral de cumplirla. Y aunque no fuera parte del tratado, por la norma imperativa del ius cogens tiene igualmente la obligación de acatarla. Además de que los tratos infamantes a los nicaragüenses prisioneros están prohibidos expresamente por la Constitución Política de la República (acápite 6 del artículo 34).
La eliminación del castigo de la prisión injusta y la eliminación de los tratos infamantes a los presos políticos es una condición indispensable para el restablecimiento de la convivencia pacífica y fraternal entre todos los nicaragüenses, cualquiera que sea su credo religioso, opinión política y estatus económico y social.
