Juntamos en un mismo comentario los temas de la última resolución de la OEA sobre Nicaragua y la confiscación del empresario Piero Coen por la vinculación causal que hay entre ellos.
En realidad no puede ser por casualidad —o por simple coincidencia— que al mismo tiempo que en Washington la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaba por unanimidad, el viernes 23 de junio, su esperada resolución sobre la situación política de Nicaragua, en Managua la fuerza policial ocupaba valiosas propiedades del reconocido empresario Coen y su esposa estadounidense, y funcionarios de la Procuraduría las declaraban confiscadas por el Estado.
Cada vez que desde la rebelión popular de 2018 ha habido importantes resoluciones sobre Nicaragua, de parte de organismos internacionales, bloques gubernamentales o gobiernos de potencias democráticas, el régimen ha reaccionado con más acciones represivas.
De manera que la confiscación al empresario privado que en 2018 participó en las manifestaciones populares y demandó el cambio de gobierno en Nicaragua, es como un castigo del régimen. Pero al mismo tiempo es una respuesta a la Resolución de la OEA pidiendo al régimen respeto a los derechos humanos, cese de la represión y diálogo para resolver la crisis de gobernabilidad.
Los medios de información presentaron la resolución de la 53 Asamblea General de la OEA sobre Nicaragua como una “condena” al régimen, pero esa ha sido una calificación errónea. Una resolución de condena se habría tenido que votar y por la nueva composición política de la OEA no se hubiera podido sumar la cantidad de votos necesarios. Porque no hubo condena sino peticiones fue que la Resolución se pudo aprobar por unanimidad, solo con una reserva de pie de página de El Salvador.
La Resolución de la OEA no condena al régimen de Nicaragua sino que maneja diplomáticamente el verbo “instar” en casi todos sus párrafos resolutivos. Instar significa “repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco”.
La verdad es que eso es lo único que puede hacer la OEA porque no tiene herramientas ni capacidad para obligar a ninguno de los gobiernos miembros a cumplir la Carta Democrática Interamericana. Y menos a gobiernos que se han salido de la OEA, como Cuba y Venezuela, o que están en proceso de salida, cual es el caso de Nicaragua.
Por otra parte, pero en el mismo contexto político, la acción confiscatoria contra Piero Coen y su esposa parece ser un castigo político, no el inicio o parte de una estrategia de confiscación general de la propiedad privada grande y mediana de Nicaragua. Es decir, no se trata de repetir las confiscaciones que hizo la primera dictadura sandinista en los años ochenta, con el objetivo declarado de estatizar o nacionalizar los medios de producción estratégicos dejando libre, pero bajo control, a la propiedad mediana y pequeña en el marco del llamado “sistema de economía mixta”.
La confiscación generalizada de las propiedades privadas y en particular de las grandes empresas tuvo en aquella época consecuencias catastróficas para la economía nacional; de las cuales todavía no se ha podido reponer.
Con base en aquella experiencia confiscatoria tan negativa resulta difícil creer que se quiera volver a confiscar los ingenios azucareros, los mataderos, las grandes empresas agropecuarias, los bancos, etc.
Aunque es cierto que en Nicaragua siempre han ocurrido hechos insólitos y cualquier cosa, incluso la peor, puede esperarse de quienes detentan el poder de manera extremadamente autoritaria.
