La brutalidad de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia católica es un caso que solo está documentado en Nicaragua a nivel de Latinoamérica, confirmó la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena.
«Yo no tengo ningún registro de una denuncia de ninguna iglesia, en este caso de la Iglesia católica, en una represión tan brutal contra sus miembros. Eso refleja cómo el Gobierno de Nicaragua tiene pensado silenciar a todas las voces», manifestó Arosemena este jueves durante su asistencia al foro «La crisis de Nicaragua, una amenaza para la democracia en toda la región», organizado por Raza e Igualdad, como parte de las actividades paralelas de la 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizó del 21 al 23 de junio en Washington DC, Estados Unidos.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien también participó en el evento, ha documentado 529 ataques a la Iglesia católica, según su último reporte presentado en junio, denominado «Nicaragua, una Iglesia perseguida».
Ataques contra la Iglesia católica de Nicaragua
Molina confirmó que hay cuatro sacerdotes presos por expresar críticas contra el gobierno de Ortega. El caso más conocido es el del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, uno de los más críticos contra el régimen de Ortega que resistió dentro del país hasta su encarcelamiento en agosto de 2022. En febrero pasado fue condenado a 26 años de prisión, bajo acusación de «traición a la patria», entre otros delitos habituales contra los opositores a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
Además, Molina detalla en su reporte que hay 41 religiosos varones que están fuera de Nicaragua por expulsión, destierro forzado o impedimento de regresar al país, entre ellos sacerdotes, obispos, seminaristas y diáconos. Sin embargo, Molina dijo que puede haber más casos, porque no todos denuncian.
Los ataques contra la Iglesia católica han implicado prohibir todas las actividades religiosas que se realicen fuera de los templos, cancelado numerosas organizaciones sociales, caritativas, albergues de la Iglesia católica, centros académicos, medios de comunicación de línea católica, expulsado monjas y sacerdotes del país.
Ni en la cárcel dejan a los presos políticos asistir a misa
Algunos de los opositores que han estado presos han relatado que no les permiten rezar en voz alta o participar en eventos religiosos en los penitenciarios. La opositora Evelyn Pinto, una de las 222 personas que estaban presas en Nicaragua y que fueron enviadas sin nacionalidad a Estados Unidos, confirmó en el evento de Raza e Igualdad que a las presas políticas no les permitían asistir a las misas de los jueves, sábado y domingo en el Penitenciario de Mujeres La Esperanza, ubicada en el municipio de Tipitapa, Managua.
«Únicamente podíamos participar en los eventos que eran dentro de la celda, los rosarios, porque rezábamos todos los días. Fue bien duro cuando una mañana fuimos muy contentas a querer participar de las pastorelas que se hacían a las 6:00 de la mañana, en espacios donde circulábamos normalmente y nos regresaron del portón a las tres políticas que íbamos», relató Pinto.
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La guerra de Ortega contra la Iglesia católica lo llevó a suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras una crítica del papa Francisco por la detención de sacerdotes en Nicaragua.
La importancia de denunciar
La comisionada Esmeralda Arosemena insistió en la importancia de la denuncia como una forma de hacer consciencia entre los otros países de la región, para que Nicaragua no sea vista como un modelo a seguir.
La funcionaria regional también reiteró que aunque Nicaragua concrete su salida de la OEA en noviembre próximo, aún tiene diferentes compromisos y acuerdos sobre derechos humanos de la que es suscriptor como Estado.
«Una cosa es separarse de la OEA y otra cosa es el cumplimiento de las obligaciones internacionales, que por suscribir un tratado un Estado soberano está obligado a cumplir», dijo.
CIDH seguirá monitoreando Ortega
La comisionada agregó que Nicaragua es suscriptora de un número importante de tratados de derechos humanos, con los cuales la CIDH va a seguir monitoreando al país, para mantener su atención sobre las violaciones de derechos humanos que se sigan cometiendo en el país.
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La misma comisionada Arosemena fue afectada por la dictadura de Ortega en el pasado. En 2017, Ortega le impidió entrar a Nicaragua cuando era relatora de la Niñez en la misma CIDH.
El evento contó con la asistencia de ex presos políticos, exiliados, familiares de víctimas. Otras expositoras fueron la coordinadora de la Unidad de Defensa Legal, Alexandra Salazar; la sobrina del preso político, Abdul Montoya; Eileen Montoya y el ex preso político Alex Hernández.
